Asegura Profepa 107 aves silvestres en Morelos

- Intervención estatal: El operativo se realizó en el tianguis ganadero de Yecapixtla tras denuncias ciudadanas por venta ilícita de fauna.
- Especies protegidas: Entre los ejemplares asegurados se encuentran 13 psitácidos mexicanos y especies bajo protección especial según la NOM-059.
- Consecuencias legales: Dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades; el delito conlleva penas de hasta nueve años de prisión.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con la policía municipal de Yecapixtla, aseguró 107 aves silvestres en el tianguis ganadero de dicha localidad en Morelos, debido a que los vendedores carecían de la documentación legal para acreditar la procedencia de los ejemplares.
El operativo, ejecutado esta semana como respuesta a una denuncia ciudadana, permitió la detección de un puesto ambulante donde se comercializaban especies protegidas y fauna extraída de su hábitat natural, resultando en la detención de dos individuos por presuntos delitos contra la biodiversidad.
Operativo y detenciones en Yecapixtla
Las acciones de vigilancia se concentraron en los pasillos del mercado tradicional, donde el personal de la Profepa y los elementos de seguridad pública identificaron el comercio irregular. Al momento de la inspección, los responsables no presentaron los registros o autorizaciones emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que validaran la legalidad de la posesión y venta de las aves.
Ante la evidencia de la comercialización prohibida, los inspectores procedieron al aseguramiento precautorio de los ejemplares y a la puesta a disposición de dos personas ante el Ministerio Público Federal. Esta intervención busca desarticular puntos de venta final en la cadena del tráfico de vida silvestre, una de las actividades ilícitas con mayor impacto en los ecosistemas de la región centro del país.
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Especies bajo resguardo y estatus legal
Dentro del grupo de aves recuperadas, destaca la presencia de 13 psitácidos (pericos y loros) mexicanos. Es fundamental señalar que la comercialización de psitácidos nacionales está estrictamente prohibida en todo el territorio mexicano desde el año 2008, tras una reforma a la Ley General de Vida Silvestre destinada a frenar el declive de sus poblaciones.
Asimismo, se identificaron seis ejemplares de clarines y un trogón (Trogon collaris). Estas especies se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual identifica a las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en México. Muchas de estas aves también están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional que regula su movimiento transfronterizo.
El resto de los ejemplares, un total de 87 aves, incluye gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xantocephalus xantocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis). Aunque algunas de estas especies poseen poblaciones más amplias, su aprovechamiento y venta requieren invariablemente la acreditación de procedencia legal para garantizar que no provienen del saqueo de nidos o la captura ilegal en el medio silvestre.
Estado de salud y atención veterinaria
Tras el decomiso, las aves fueron trasladadas a las oficinas de la Profepa en el estado de Morelos. Los especialistas médicos veterinarios que realizaron la primera valoración técnica reportaron que diversos ejemplares presentan signos de estrés y afectaciones físicas derivadas del hacinamiento en jaulas pequeñas y condiciones de transporte inadecuadas.
De manera particular, se informó que un ejemplar de trogón presenta una infección respiratoria severa, lo que compromete su sobrevivencia. Las autoridades determinarán, tras un periodo de observación y rehabilitación, si los individuos están en condiciones de ser liberados en su entorno natural. En caso de que las aves hayan perdido sus capacidades de supervivencia o presenten riesgos sanitarios, serán canalizadas a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS).
Implicaciones jurídicas y daño ambiental
La Profepa tiene la responsabilidad de elaborar un dictamen técnico pericial que será entregado a la Fiscalía General de la República (FGR). Este documento es esencial en la integración de la carpeta de investigación, ya que cuantifica el daño ambiental y establece la gravedad de la infracción cometida por los detenidos.
El Código Penal Federal en México tipifica estas conductas como delitos graves. Las sanciones para quienes realicen actividades de tráfico, captura, posesión o transporte de especies de flora o fauna silvestre de manera ilegal pueden oscilar entre uno y nueve años de prisión, además de multas económicas que van de los trescientos a los tres mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El combate al tráfico de especies se mantiene como una prioridad para las instituciones ambientales, dado que esta actividad ilícita se posiciona como una de las causas principales de pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción de hábitats. La denuncia ciudadana continúa siendo el mecanismo más efectivo para identificar estos centros de distribución en mercados y tianguis locales.

