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Buque y chapopoteras, origen de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco

Buque y chapopoteras, origen de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco
Buque y chapopoteras, origen de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco
  • Fuentes detectadas: Un vertimiento ilegal de un buque y dos zonas de emanaciones naturales (chapopoteras).
  • Acciones legales: La ASEA presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
  • Impacto social: Se destinan 15 millones de pesos para indemnizar a 300 pescadores afectados.

El Grupo Interinstitucional (GI) —conformado por Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa— confirmó que un vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales originaron la presencia de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco, tras realizar análisis técnicos y seguimiento satelital durante la última semana de marzo de 2026. 

A través del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), las autoridades federales implementaron mecanismos de contención con barreras oceánicas y dispersantes para mitigar el impacto ambiental en la región, logrando el control de las fuentes y el inicio de la recuperación de las playas afectadas.

Origen y detección técnica de la emanación

La determinación de las causas se basó en un modelado científico que integró el análisis oceanográfico, el monitoreo de corrientes marinas y vientos, así como la vigilancia por satélite. Estos estudios permitieron localizar tres puntos críticos. El primero corresponde al vertimiento ilegal de una embarcación. De un universo de 13 buques identificados en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, cuatro se encuentran bajo inspección directa y el resto están siendo localizados mediante protocolos de cooperación internacional.

Los otros dos focos de emanación corresponden a fenómenos geológicos naturales conocidos como chapopoteras. Estas se ubicaron en las inmediaciones de Coatzacoalcos y en el Complejo Cantarell. Aunque estas filtraciones son naturales, su coincidencia con el vertimiento humano incrementó la presencia de material oleoso en la zona costera, lo que activó los protocolos de emergencia del Gobierno Federal.

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Estrategias de contención y supervisión submarina

Para mitigar el avance del hidrocarburo, la Secretaría de Marina y Pemex desplegaron cuatro buques equipados con barreras tipo bahía y oceánicas. Estas maniobras de contención buscan evitar que el crudo alcance zonas de mayor sensibilidad ecológica o áreas turísticas adicionales. Asimismo, se han empleado agentes dispersantes bajo normas de seguridad ambiental para acelerar la degradación del material en alta mar.

Como parte del protocolo de reparación, las autoridades iniciaron inspecciones subacuáticas. Mediante el uso de drones submarinos y personal de buceo especializado, se realizan revisiones estructurales en instalaciones cercanas para descartar fallas técnicas adicionales que pudieran estar contribuyendo a la fuga. Hasta el momento, el informe oficial indica que las fuentes de contaminación están bajo control operativo.

Implicaciones legales y denuncias ante la FGR

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el vertimiento ilegal. Esta acción se fundamenta en el artículo 11 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Profepa y la ASEA mantienen un despliegue permanente en campo para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación por parte de las empresas que operan en la región. El mandato legal de la Agencia obliga a dar vista inmediata al Ministerio Público ante cualquier indicio de conducta que constituya un delito ambiental, especialmente en casos de vertimientos deliberados que afecten el ecosistema marino.

Atención a comunidades y sector pesquero

El incidente impactó directamente la actividad económica de la región sur de Veracruz. Petróleos Mexicanos identificó afectaciones en las artes de pesca de 11 cooperativas en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos y Pajapan. Estas organizaciones agrupan a cerca de 300 socios pescadores que han visto interrumpida su labor comercial debido a la presencia de crudo en el agua.

Para resarcir los daños, se canalizará una inversión de 15 millones de pesos a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Estos recursos están destinados específicamente a la reposición de equipo y apoyo directo a los trabajadores del mar. Además, se han entregado donaciones de combustible a los municipios para facilitar las tareas de limpieza y logística comunitaria.

Servicios de salud y vigilancia epidemiológica

En el ámbito social, la Unidad Médica Móvil (UMM) comenzó operaciones el 17 de marzo, priorizando el municipio de Pajapan. Durante los primeros seis días de servicio, se han brindado 548 consultas médicas a pobladores de cuatro comunidades. El objetivo principal es monitorear posibles efectos en la salud derivados del contacto con los hidrocarburos o la inhalación de vapores.

Este servicio médico se extenderá de forma programada a los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Mecayapan, Tatahuicapan y Minatitlán. La vigilancia sanitaria se mantendrá activa mientras concluyen las labores de limpieza total, asegurando que no existan riesgos residuales para la población local que transita o labora en las zonas costeras.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que, por instrucción de la presidencia de la República, se establecerá un Observatorio Ambiental Permanente en el Golfo de México. Este organismo tendrá la función de monitorear en tiempo real las condiciones oceanográficas y las actividades industriales para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

El observatorio permitirá integrar la información de todas las dependencias del Grupo Interinstitucional, optimizando la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales. La intención es que México cuente con un sistema de alerta temprana robusto que proteja la biodiversidad marina y la seguridad de las comunidades costeras frente a la actividad del sector hidrocarburos.

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