Clausura Profepa empresa de residuos peligrosos en San Luis Potosí
- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso sellos de clausura total temporal en el municipio de Ébano.
- El establecimiento carece de autorizaciones de Semarnat para el manejo, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos.
- Denuncias ciudadanas por incendios en el predio derivaron en la inspección que reveló graves irregularidades operativas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal el Centro Ébano para el Tratamiento y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial en San Luis Potosí debido a que el establecimiento operaba sin las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el manejo de residuos peligrosos.
La intervención se fundamentó en la detección de irregularidades críticas en las celdas de confinamiento y el incumplimiento de las normativas de seguridad ambiental tras registrarse incendios los días 5 y 12 de febrero.
Durante la diligencia de inspección, el personal federal constató que el sitio, con una extensión aproximada de 15 hectáreas, realizaba actividades de almacenamiento y disposición de materiales peligrosos sin contar con los permisos correspondientes para terceros. Los inspectores documentaron la presencia de dos celdas de confinamiento donde se acumulaban sustancias y objetos con características de peligrosidad.
En la primera celda analizada, los agentes federales observaron una acumulación de líquido negro y viscoso con un marcado olor a hidrocarburo. En este espacio, diversos recipientes como tambos metálicos, cubetas, botes de pintura y aerosol, así como filtros automotrices y acumuladores usados, se encontraban depositados directamente sobre el suelo natural, entrando en contacto directo con el líquido contaminante.
La segunda celda presentaba condiciones de riesgo similares, con la detección de lodos impregnados de hidrocarburos y contenedores que albergaron previamente aceites y agroquímicos. Asimismo, se localizaron sacos con sosa cáustica almacenados sin las medidas de seguridad mínimas requeridas por la legislación vigente, lo que representa un riesgo potencial para el equilibrio ecológico.
Ante la falta de documentación legal que acreditara la capacidad del centro para recolectar, almacenar o tratar este tipo de residuos, la autoridad ambiental procedió a la colocación de sellos de clausura en los accesos del predio. Esta medida busca detener de forma inmediata cualquier actividad que comprometa la salud pública o la integridad de los ecosistemas locales en el municipio de Ébano.
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Además de la clausura, la Profepa dictó una serie de medidas correctivas de cumplimiento obligatorio e inmediato. La empresa debe suspender la recepción de cualquier residuo peligroso y presentar ante la Procuraduría la resolución oficial de la Semarnat respecto a sus autorizaciones, en caso de contar con algún trámite en curso.
Como parte de las acciones de remediación, el responsable del centro dispone de un plazo de cinco días hábiles para entregar un programa detallado de acciones técnicas. Este plan debe estar orientado a controlar y extinguir definitivamente la emisión de humos generados por los incendios ocurridos en las celdas, con el fin de mitigar la contaminación atmosférica en la zona.
La autoridad ambiental informó que iniciará formalmente el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las sanciones económicas. Simultáneamente, la Profepa evalúa la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público Federal para deslindar responsabilidades penales derivadas del manejo ilegal de residuos y los daños ambientales ocasionados.
La gestión de residuos peligrosos en México está estrictamente regulada por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). La operación de este tipo de centros sin supervisión técnica ni permisos oficiales eleva exponencialmente el riesgo de lixiviación de sustancias tóxicas hacia los mantos acuíferos y la degradación irreversible de los suelos.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que estas acciones responden al compromiso institucional de atender las denuncias ciudadanas de manera oportuna. La vigilancia permanente de las instalaciones que manejan residuos es fundamental para prevenir desastres ambientales y asegurar el derecho constitucional de la población a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
