Cuestiona ONU ley mexicana de economía circular por omitir veto a plásticos
- Marcos Orellana señala que la legislación actual no cumple con la sentencia judicial ganada por organizaciones civiles.
- Identifican riesgos a la salud por la presencia de más de 4,200 sustancias químicas en materiales plásticos.
- Cuestionan modelos de “pirólisis” e incineración como soluciones tóxicas que agravan la crisis ambiental.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, manifestó su preocupación pública debido a que la reciente Ley General de Economía Circular (LGEC) carece de mecanismos para prohibir los plásticos de un solo uso en México. Esta postura surge tras el intento de las autoridades de dar por cumplido un amparo ganado por organizaciones de la sociedad civil mediante la simple promulgación de dicha ley. El pronunciamiento busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud frente a la persistente contaminación por polímeros efímeros.
La debilidad del marco regulatorio actual
El relator internacional destacó que la LGEC no establece restricciones claras ni medidas efectivas para reducir la producción y el consumo de plásticos. Según las organizaciones Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, el Poder Legislativo ha intentado validar esta ley como el cumplimiento definitivo de una sentencia judicial que obligaba al Estado a adoptar medidas drásticas contra los impactos ambientales de estos residuos.
La principal diferencia radica en el enfoque. Mientras que la sentencia judicial reconoce la
necesidad de prohibiciones directas para proteger los derechos humanos, la LGEC se mantiene en un esquema que no compromete la reducción real de la fuente de contaminación. Orellana subrayó que este marco legal es insuficiente para atender la magnitud de la crisis de residuos en el territorio nacional. Uno de los puntos críticos señalados es la Responsabilidad Extendida al Productor (REP).
El Relator de la ONU indicó que en la actual ley mexicana, la REP constituye una falencia significativa, ya que no contempla contribuciones monetarias obligatorias por parte de la industria para la gestión de los residuos que generan. Sin un esquema financiero robusto, la gestión de los desechos recae desproporcionadamente en el sector público y la ciudadanía.
El riesgo de las soluciones tecnológicas tóxicas
En el desarrollo de su comparecencia, el experto advirtió que la economía circular solo es viable si es “químicamente segura”. Sin embargo, el modelo promovido por el Gobierno Federal en México incluye procesos como la pirólisis. Desde la perspectiva de la sociedad civil y del relator, la pirólisis se presenta como un eufemismo que oculta los impactos de procesos térmicos que liberan sustancias peligrosas al entorno.
El cuestionamiento se extiende a otras prácticas como la incineración, el coprocesamiento y la termovalorización. Estas metodologías son calificadas como “falsas soluciones” que, lejos de resolver el problema de raíz, trasladan la contaminación del suelo al aire o generan subproductos tóxicos que persisten en la cadena trófica.
La evidencia científica respalda esta preocupación. Los plásticos de un solo uso, diseñados para una vida útil de apenas minutos, permanecen en el ambiente durante siglos. En su proceso de degradación se fragmentan en microplásticos que hoy contaminan fuentes de agua potable, suelos agrícolas y, eventualmente, la dieta humana y el hábitat de la fauna silvestre.
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Impacto en la salud humana y derechos básicos
La problemática trasciende la gestión de basura y se interna en el ámbito de la salud pública. Se estima que más de 4,200 sustancias químicas potencialmente peligrosas se utilizan en la producción de plásticos. Entre ellas destacan ftalatos, bisfenoles y metales pesados como el plomo, presentes habitualmente en empaques destinados al contacto con alimentos.
Especial atención merecen los compuestos del grupo PFAS, conocidos como “químicos eternos” debido a su nula degradación natural. Estudios documentados vinculan la exposición constante a estas sustancias con trastornos del neurodesarrollo, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2. Hasta la fecha, se han identificado al menos 1,396 sustancias químicas relacionadas con plásticos en el cuerpo humano.
Por lo tanto, la contaminación por plásticos no debe ser vista solo como un problema de ornato o de saturación de rellenos, sino como una emergencia sanitaria. La falta de regulación específica en envases que tocan alimentos permite una exposición silenciosa pero constante que vulnera el derecho a la salud de la población mexicana.
Infraestructura de residuos en emergencia
El panorama se agrava al analizar la infraestructura de disposición final en México. Actualmente operan 2,338 sitios reconocidos, pero la mayoría carece de controles técnicos mínimos. Solo el 7.2% cuenta con básculas para medir la recepción de desechos, y apenas el 14.4% posee un control de acceso formal.
La protección ambiental en estos sitios es casi inexistente. Las estadísticas revelan que solo el 13.7% de estos basureros dispone de geomembranas para evitar la filtración de contaminantes al suelo. Asimismo, solo el 18% captura lixiviados —líquidos tóxicos producto de la descomposición— y un escaso 14.4% les otorga algún tipo de tratamiento.
Este escenario de saturación e irregularidad en los rellenos sanitarios complementa la advertencia del relator sobre la importación de residuos. México ha registrado un aumento en la entrada de desechos extranjeros que se utilizan como combustible barato para la industria bajo la figura del coprocesamiento, lo cual genera beneficios económicos efímeros pero costos de salud elevados para las comunidades locales.
Urgencia de una reforma legislativa integral
Ante la contundencia de los datos y el respaldo de la ONU, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno Federal y al Poder Legislativo una reforma profunda a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). El objetivo es establecer una eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso y prevenir la exposición a sustancias tóxicas de manera vinculante.
La implementación de políticas públicas debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. Se requiere transitar de una economía lineal, que extrae, usa y desecha, hacia un modelo circular auténtico que priorice el rediseño de productos, la eliminación de aditivos químicos peligrosos y la reducción absoluta de residuos generados.
El llamado de Marcos Orellana refuerza la necesidad de elevar el nivel del debate legislativo en México. No basta con leyes que lleven la etiqueta de “economía circular” si estas no contienen obligaciones de no hacer para la industria y protecciones de salud para los ciudadanos. La protección del medio ambiente sano depende de la capacidad del Estado para enfrentar los intereses de producción masiva de polímeros.
