Solicitan anular permisos para proyectos eólicos marinos por irregularidades en EE. UU.

- El Departamento del Interior de EE. UU. busca revisar los permisos del proyecto New England Wind ante una demanda que alega un proceso de aprobación deficiente.
- Grupos ambientalistas y la Tribu Wampanoag sostienen que se violaron leyes de protección de mamíferos marinos y especies en peligro.
- La organización Green Oceans presenta una moción para anular la aprobación del proyecto Revolution Wind, citando riesgos para el hábitat marino de Cox Ledge.
El futuro de dos importantes proyectos eólicos marinos en la costa de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, enfrenta un panorama de incertidumbre legal. El Departamento del Interior del gobierno estadounidense ha solicitado a un tribunal federal la revisión del proceso de aprobación del proyecto New England Wind, lo que podría llevar a la cancelación de sus permisos.
Paralelamente, la organización sin fines de lucro Green Oceans ha presentado una moción de juicio sumario para invalidar las aprobaciones federales del proyecto Revolution Wind. Ambas acciones legales, presentadas en Washington D.C., se fundamentan en presuntas violaciones a múltiples leyes federales de protección ambiental y en los potenciales impactos negativos sobre ecosistemas marinos, especies amenazadas como la ballena franca del Atlántico Norte, y las economías pesqueras locales.
La decisión del Departamento del Interior de reevaluar el proyecto New England Wind surge como respuesta a una demanda interpuesta el 22 de mayo en un tribunal federal. La querella fue presentada por un conjunto de organizaciones y particulares, entre ellos el grupo ambientalista ACK for Whales, la Tribu Wampanoag de Gay Head/Aquinnah, Green Oceans y una coalición de asociaciones de barcos de pesca chárter.
Los demandantes argumentan que el Departamento del Interior y el Departamento de Comercio, junto con sus agencias subordinadas como el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS) y la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), infringieron diversas normativas federales al aprobar el Plan de Construcción y Operaciones (COP) para los componentes New England 1 y 2.
Las leyes que se citan como violadas incluyen la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley de Procedimientos Administrativos. Según los demandantes, el proceso de aprobación se aceleró sin considerar adecuadamente las consecuencias para el medio ambiente y las comunidades locales.
Vallorie Oliver, presidenta de ACK for Whales, señaló en un comunicado que el afán por avanzar los proyectos llevó a ignorar los ritos y creencias de la Tribu Wampanoag, así como los perjuicios a las industrias de pesca y langosta, y la amenaza para la ballena franca. Por su parte, el abogado de los demandantes, Thomas Stavola Jr., indicó que la intención del gobierno de revisar la aprobación es un reconocimiento de que los permisos del proyecto presentan fallas y violan numerosos estatutos ambientales.
El proyecto New England Wind 1, con una capacidad de 791 megavatios, tiene previsto iniciar su construcción este año para suministrar energía a Massachusetts en 2029. New England Wind 2, de 1,000 megavatios, aún no cuenta con un estado comprador para su energía. Estos forman parte de un desarrollo más amplio en el área eólica de Massachusetts y Rhode Island, que se estima podría albergar más de 2,400 turbinas.
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Presentan moción para invalidar aprobaciones de Revolution Wind
En una acción legal separada pero relacionada, la organización Green Oceans presentó una moción de juicio sumario ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia. El objetivo es anular y devolver a las agencias federales las aprobaciones concedidas al proyecto eólico marino Revolution Wind, desarrollado por la empresa Orsted.
Esta moción representa un punto clave en un proceso legal que Green Oceans inició en enero de 2024. La organización alega que la BOEM y otras agencias federales no cumplieron con los procedimientos legales al autorizar la construcción de 65 turbinas y dos subestaciones marinas en una superficie de 83,798 acres en la Plataforma Costera Exterior.
El centro de la disputa es Cox Ledge, un hábitat marino que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha designado como “área de hábitat de particular preocupación”. Este lugar es conocido por su biodiversidad, incluyendo mamíferos marinos y una de las últimas zonas de desove conocidas para el bacalao del sur de Nueva Inglaterra.
La demanda de Green Oceans se basa en la presunta violación de seis estatutos federales, entre ellos la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA), que estipula que los proyectos marinos no deben interferir con la seguridad de la navegación, la pesca o la protección del medio ambiente. Barbara Brink Chapman, fideicomisaria de Green Oceans, afirmó que el propio registro del gobierno demuestra que Revolution Wind interfiere con estas actividades.
Un acontecimiento relevante en este caso ocurrió el 22 de agosto de 2025, cuando la propia BOEM ordenó la detención de la construcción de Revolution Wind, citando preocupaciones no resueltas sobre seguridad nacional y la prevención de interferencias con otros usos del océano. Lisa Quattrocki Knight, presidenta de Green Oceans, calificó esta pausa como una validación de sus argumentos sobre un proyecto “apresurado, ilegal y peligroso”.
El litigio también recoge los testimonios de pescadores sobre la disminución de las poblaciones de bacalao y langosta, así como la reducción de sus ingresos. Navegantes recreativos han documentado interferencias de radar y riesgos para la seguridad. Una de las preocupaciones centrales es la protección de la ballena franca del Atlántico Norte, una especie en peligro crítico de extinción con menos de 360 ejemplares restantes.

