Decomisan 774 tortugas en aeropuerto de Tijuana
- Los ejemplares son tortugas dulceacuícolas de los géneros Kinosternon sp. y Trachemys sp.
- Las especies están enlistadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de 774 ejemplares de tortugas dulceacuícolas en las instalaciones del aeropuerto internacional de Tijuana, Baja California, el pasado 12 de noviembre, detectando el cargamento ilícito que viajaba oculto en nueve cajas de cartón con la etiqueta de “cosméticos” como resultado de una inspección de rutina.
Los inspectores de la Profepa y los elementos de la Guardia Nacional procedieron a la apertura y revisión minuciosa del paquete sospechoso. Se constató que las nueve cajas de cartón, camufladas con la etiqueta de “cosméticos”, contenían en su interior cajas de plástico transparente apiladas. Dentro de estas cajas de plástico, se encontraron los 774 ejemplares de tortugas envueltos individualmente en calcetines, un método de ocultamiento frecuentemente utilizado en el tráfico ilegal de especies para dificultar su detección y transporte.
El proceso de diligencia se enfocó en el conteo exhaustivo de los ejemplares y la verificación de su estado físico. Los especialistas confirmaron que los reptiles asegurados son tortugas dulceacuícolas pertenecientes a los géneros Kinosternon sp. y Trachemys sp.
El conteo total estableció que se trataba de 774 especímenes, de los cuales cuatro fueron encontrados sin vida. Los 770 ejemplares restantes mostraron, al momento de la revisión inicial, condiciones físicas consideradas como adecuadas.
La identificación taxonómica inicial y el análisis del contexto regulatorio permitieron determinar la seriedad del aseguramiento. Todas las especies del género Kinosternon sp. identificadas se encuentran incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con la excepción de la especie Kinosternon cora, que está listada en el Apéndice I.
Adicionalmente, se encontraron especies incluidas en alguna de las categorías de riesgo establecidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que confirma su vulnerabilidad y el estatus de riesgo que poseen dentro de la legislación ambiental mexicana.
La investigación preliminar estableció que el envío de las tortugas tuvo su origen en el Estado de México y tenía como destino el aeropuerto de Tijuana, que es un punto estratégico de conexión nacional e internacional. Durante la diligencia, no se presentó ninguna persona que reclamara la propiedad o el destino del paquete, ni se presentó documentación que pudiera acreditar la legal procedencia de los ejemplares.
Los datos preliminares de la guía de paquetería sugieren que tanto el remitente como el destinatario poseen nacionalidad china, un dato relevante que orienta la investigación hacia redes de tráfico ilegal de fauna silvestre con conexiones transfronterizas.
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En respuesta a la flagrancia del delito ambiental, la Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente contra quien o quienes resulten responsables. De manera paralela, la Guardia Nacional notificó los hechos a la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de emprender las acciones jurídicas y de investigación pertinentes en el ámbito penal federal.
La FGR tiene la responsabilidad de realizar las gestiones necesarias para el resguardo y disposición final de los ejemplares asegurados, conforme a las atribuciones legales que le confiere la normatividad mexicana en materia de delitos contra la biodiversidad.
Para asegurar la supervivencia y el bienestar de los ejemplares rescatados, todos ellos fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Las UMAS son espacios registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que cuentan con las instalaciones, el personal técnico y las condiciones de cuidado adecuadas para el resguardo, la rehabilitación y, en su caso, la eventual reintroducción de la fauna silvestre decomisada. Este traslado garantiza que los 770 reptiles supervivientes reciban la atención especializada necesaria.
En el contexto de la acción, la procuradora Mariana Boy Tamborrell emitió una declaración subrayando la gravedad del fenómeno. La funcionaria señaló que “El tráfico ilegal de vida silvestre es una de las mayores amenazas para nuestra biodiversidad. Por eso estamos fortaleciendo nuestras estrategias para combatir este delito en todas las etapas de la cadena del tráfico y haremos todas las diligencias necesarias para que este caso tenga consecuencias.”
Asimismo, la procuradora hizo un llamado a la colaboración ciudadana al declarar: “Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar estas extracciones ilegales. El trabajo que llevamos a cabo tendrá mayores resultados si actuamos de manera conjunta.”
Este aseguramiento en Baja California evidencia la persistencia de las redes de tráfico ilegal de vida silvestre en México, un delito que se cataloga como el tercero más lucrativo a nivel mundial, solo por detrás del tráfico de drogas y el de armas.
La acción coordinada de las autoridades federales subraya el compromiso de México con los acuerdos internacionales, como CITES, y con la protección de su patrimonio natural, buscando desarticular los canales de distribución que utilizan el territorio nacional como punto de origen, tránsito o destino para el comercio ilegal de especies.
La ruta de envío, desde el centro del país hacia la frontera norte, sugiere una potencial intención de exportación o reexportación ilegal hacia el mercado asiático, donde las tortugas dulceacuícolas mexicanas son demandadas en el mercado de mascotas exóticas o para el consumo.
La investigación en curso por parte de la FGR buscará determinar la estructura completa de la red de tráfico, incluyendo a los responsables en el Estado de México, el enlace en Tijuana y los presuntos destinatarios finales de la mercancía ilícita.
