Insuficientes recursos para cambio climático en PPEF 2026, advierten ONGs
- El presupuesto para cambio climático presenta una reducción del 1.24% real en comparación con 2025, según un análisis de la sociedad civil.
- Cinco programas, incluyendo infraestructura ferroviaria y defensa, concentran el 93% de los recursos del Anexo Transversal 16 (AT16), sin detallar su contribución climática.
- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibiría apenas el 3.71% del presupuesto, mientras que la Sedena obtendría el 41.79%.
Un análisis conjunto de organizaciones de la sociedad civil sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PPEF 2026, revela que los recursos destinados a enfrentar el cambio climático son insuficientes, carecen de metas verificables y se concentran en programas cuya contribución a la política climática nacional es incierta.
El estudio, elaborado por Engenera, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Wildlands Network, Greenpeace, Fundar y Oceana, pone el foco en el Anexo Transversal 16 (AT16), principal instrumento para etiquetar el gasto climático, el cual contempla una bolsa de 212 mil 569 millones de pesos, cifra que representa una disminución del 1.24% en términos reales respecto al monto aprobado en 2025.
El informe señala que, lejos de fortalecer las capacidades del país para la mitigación y adaptación, la propuesta presupuestaria mantiene una política que privilegia proyectos de infraestructura y energéticos basados en combustibles fósiles, agudizando la crisis ambiental.
Las organizaciones advierten que la falta de vinculación entre el presupuesto y las metas climáticas de México, como las establecidas en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales y la protección de las comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático.
Concentración de recursos en programas sin impacto climático medible
El análisis sobre el PPEF 2026 evidencia una alta concentración de los fondos del AT16. Tan solo cinco programas acaparan el 93% del monto total.
Estos son el Programa de infraestructura ferroviaria, con el 21.64%; Defensa para la integridad del territorio nacional, con el 21.02%; Infraestructura en materia de seguridad nacional, con el 18.82%; Articulación de la política de hidrocarburos, con el 12.41%; y el programa Sembrando Vida, con el 18.39%.
La principal crítica del documento es que estos programas prioritarios para el Ejecutivo carecen de indicadores cuantitativos y metas claras que permitan verificar su aportación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o a la adaptación al cambio climático.
Es decir, no detallan de manera transparente y medible cómo contribuyen a las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático y otros instrumentos de la política climática del país.
En contraste, solo el 7% restante de los recursos del AT16, equivalente a 16 mil 426.3 millones de pesos, se distribuye entre otros 42 programas. Según el análisis, estos programas sí tienen una relevancia directa en la lucha contra la crisis climática, pues abarcan áreas sustantivas como la protección forestal, el desarrollo sustentable, la gestión integral del agua, la pesca sostenible y la conservación de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
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Asimetrías presupuestales: Defensa sobre Medio Ambiente
Las desproporciones en la asignación de recursos dentro del AT16 son uno de los hallazgos más notables del informe. Por ejemplo, el Programa de infraestructura ferroviaria recibirá por sí solo 2.8 veces más presupuesto que los otros 42 programas climáticos relevantes juntos.
Asimismo, el programa de Infraestructura en materia de seguridad nacional, enfocado en la ampliación de una granja solar en instalaciones militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recibirá 9.75 veces más recursos que todos los programas de gestión sustentable del agua y 10.7 veces más que el conjunto de programas para protección forestal y conservación de ANP.
Esta asimetría se refleja en la distribución por dependencias. La Sedena es la principal beneficiaria del presupuesto climático, al recibir el 41.79% del total. Le siguen la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (21.64%), la Secretaría de Bienestar (18.39%) y la Secretaría de Energía (12.8%). En una posición considerablemente menor se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la entidad rectora de la política ambiental del país, que apenas recibirá el 3.71% de los fondos.
Avances insuficientes en perspectiva de género
El análisis reconoce como un aspecto positivo la inclusión de tres nuevos programas presupuestarios en el AT16 con una perspectiva de género e interseccionalidad: el Programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas, el de Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el de Atención integral para el bienestar de las mujeres.
No obstante, el documento califica los recursos asignados a estos programas como “ínfimos”. En conjunto, suman 128.8 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.06% del total del Anexo.
Esta asignación marginal contrasta fuertemente con los miles de millones destinados a los programas prioritarios, lo que limita su capacidad para atender de manera efectiva los impactos diferenciados de la crisis climática en mujeres y pueblos indígenas.
Transición energética sin rumbo ni recursos
El análisis también aborda el Anexo Transversal 15 (AT15), enfocado en la transición energética. La situación es similar a la del AT16: el 68% de sus recursos se destina a programas sin una relación clara con su objetivo, como infraestructura ferroviaria (53%) y proyectos petroquímicos (15%).
Nuevamente, la Semarnat es la que recibe la menor parte, con solo el 2% de los recursos del AT15, a pesar de que sus programas son los únicos que contemplan explícitamente proyectos de energías renovables. Además, el PPEF 2026 no especifica el destino del 27% de los fondos asignados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dentro de este anexo, generando incertidumbre.
De manera crítica, el análisis señala que, por ley, deberían asignarse recursos al Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), pero el PPEF 2026 no contempla ninguna partida para este fin, contraviniendo la Ley de Planeación y Transición Energética.
Exhorto al poder legislativo
Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la Cámara de Diputados para que revise y redistribuya las asignaciones propuestas por el Ejecutivo. Proponen destinar al menos el 25% del monto total del AT16 (aproximadamente 53 mil 142 millones de pesos) a los 42 programas que sí contribuyen directamente a las metas climáticas.
Para el AT15, solicitan que al menos el 15% se asigne a la implementación efectiva de acciones de transición energética, como lo estipula la ley. El informe concluye que, para que el presupuesto sea una herramienta efectiva, es fundamental vincularlo con las metas de la NDC, medir y verificar la contribución de cada programa, y garantizar la congruencia con los compromisos internacionales de México, como el Acuerdo de París, que insta a triplicar la capacidad de energías renovables para 2030.
