Destina Gobierno de México 900 millones de pesos para sanear el río Tula
- Inversión histórica: El presupuesto superará los 900 millones de pesos en colaboración con el Gobierno de Hidalgo.
- Infraestructura hídrica: Se construirán 38 kilómetros de colectores de drenaje en la zona metropolitana de Tula.
- Vigilancia ambiental: Reforzarán operativos de inspección industrial para frenar descargas contaminantes.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y organismos federales, destinará una inversión superior a los 900 millones de pesos durante 2026 para ejecutar el programa de restauración y saneamiento del río Tula en el estado de Hidalgo.
Esta medida busca revertir décadas de degradación ecológica, prevenir inundaciones y mejorar la salud pública en la región mediante la construcción de infraestructura hídrica, saneamiento de la presa Endhó y una vigilancia industrial estricta, cumpliendo así con los compromisos de la Estrategia Nacional de restauración de cuerpos de agua.
La administración federal y el Gobierno de Hidalgo formalizaron este presupuesto para dar continuidad a las acciones prioritarias iniciadas en 2024. El plan de trabajo para el próximo año se divide en ejes estratégicos que abarcan la mejora de la calidad del agua, la gestión de riesgos por inundación y la recuperación de ecosistemas forestales y riparios.
Dentro de las obras de infraestructura hídrica programadas, destaca la construcción de 38 kilómetros de colectores de drenaje. Estos ductos se ubicarán en los municipios de Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Atitalaquia, con el objetivo de captar aguas residuales y evitar que estas lleguen de forma directa y sin tratamiento a los cauces de los ríos Tula y Salado.
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Complementariamente, se optimizará la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Atotonilco. Asimismo, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la creación de humedales artificiales como alternativa biológica para la depuración de efluentes.
En materia de protección civil y prevención de desastres, el proyecto incluye la estabilización de 1.6 kilómetros de taludes en puntos críticos del cauce. También se rehabilitarán dos kilómetros de bordos que presentan procesos de erosión y se instalará infraestructura especializada para la retención de residuos sólidos, con el fin de evitar obstrucciones que deriven en desbordamientos.
La vigilancia normativa será un pilar fundamental durante 2026. Tras la realización de 53 inspecciones industriales en 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intensificará los operativos para sancionar a las empresas que viertan contaminantes fuera de la norma. Para ello, se fortalecerá el sistema de monitoreo que actualmente cuenta con 90 puntos manuales y 21 estaciones automáticas.
En cuanto a la restauración ecológica, las autoridades prevén la consolidación de más de 1,000 hectáreas bajo modelos de conservación. Estas acciones incluyen la revegetación de las márgenes del río y la protección de zonas forestales estratégicas que actúan como reguladores del ciclo hidrológico en la cuenca, favoreciendo la recuperación de la biodiversidad local.
Un componente específico del programa se centrará en la presa Endhó. En este cuerpo de agua se desarrollarán labores de saneamiento y mejora de las condiciones ecológicas de su zona de influencia, atendiendo las demandas históricas de las comunidades aledañas respecto a la calidad ambiental y el entorno sanitario.
La ejecución del proyecto requiere de una coordinación interinstitucional sin precedentes. Participan activamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de Pemex y gobiernos locales del Estado de México e Hidalgo.
Finalmente, el programa integrará jornadas de limpieza comunitaria y talleres educativos. Estas actividades buscan fomentar la participación social y garantizar que la recuperación del sistema hídrico sea sostenible a largo plazo, involucrando a los habitantes de los municipios afectados en la vigilancia y cuidado de su entorno natural restaurado.
