Presentan amparo contra la reducción del área de protección de la vaquita marina
- Organizaciones civiles demandan la suspensión de las nuevas normas pesqueras publicadas el 14 de octubre de 2026 por vulnerar principios ambientales.
- La nueva regulación reduce en un 86 % la zona restringida al uso de redes de enmalle, principal causa de muerte por ahogamiento del cetáceo.
- Advierten que la normativa fragmenta el hábitat de la especie al abrir un canal de navegación de 350 metros de ancho en la Zona de Tolerancia Cero.
Las organizaciones ambientalistas Centro para la Diversidad Biológica, Comarino y Greenpeace México presentaron una demanda de amparo en Mexicali, Baja California, contra las disposiciones pesqueras publicadas por el gobierno federal el 14 de octubre de 2026 en el Alto Golfo de California, con el objetivo de lograr la suspensión judicial de la norma por reducir en un 86 % la superficie protegida donde se prohíben las redes de enmalle que amenazan con extinguir a la vaquita marina.
La medida legal argumenta la existencia de violaciones al procedimiento administrativo y a los tratados internacionales debido a la omisión de un proceso de consulta pública previa, requisito estipulado en el Acuerdo de Escazú. Asimismo, los promoventes sealan que el ajuste normativo contraviene el principio constitucional de no regresión en materia de derechos humanos y protección ambiental, al disminuir de manera drástica las restricciones territoriales previamente fijadas en el acuerdo de septiembre de 2020.
El polígono modificado abre extensas zonas marítimas del hábitat histórico del cetáceo al uso de redes agalleras o de enmalle, empleadas frecuentemente en la captura de camarón y en la pesca ilegal de totoaba, especie cuya vejiga natatoria se comercializa en mercados asiáticos. Las entidades civiles señalan que las restricciones de conservación se flexibilizaron en un momento crítico para la supervivencia de la especie, de la cual se calcula la existencia de únicamente diez ejemplares, frente a los 600 identificados en el año 1997.
Representantes del Centro para la Diversidad Biológica precisaron que la resolución gubernamental desatiende los hallazgos científicos y los monitoreos de campo, los cuales confirman la presencia recurrente de vaquitas marinas fuera de los límites de la Zona de Tolerancia Cero. Específicamente, los avisamientos registrados durante los años 2025 y 2026 ubican ejemplares en zonas del noroeste que no fueron incorporadas dentro del esquema de protección reforzada.
La demanda incorpora las recomendaciones emitidas por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA). El organismo científico había sugerido instalar bloques de concreto con ganchos para aturar y prevenir el tendido de redes en las áreas contiguas de distribución detectadas, medida que no fue integrada ni ejecutada por las autoridades en la regulación vigente.
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El análisis técnico presentado por la representación de Comarino indica que la normativa actual introduce un corredor de navegación de 350 metros de ancho a través de la Zona de Tolerancia Cero. Este espacio marítimo mantenía una restricción total tanto para el tránsito de embarcaciones como para la realización de actividades pesqueras. La apertura de este canal genera una fragmentación directa del área de resguardo del mamífero marino.
En materia de supervisión y monitoreo, las organizaciones civiles denunciaron que la nueva reglamentación concede una prórroga de 12 meses para la instalación obligatoria de dispositivos de seguimiento satelital en las embarcaciones. Adicionalmente, el cumplimiento de esta disposición quedó condicionado a la disponibilidad de autorizaciones presupuestales gubernamentales, situación que aplaza los controles sobre la flota pesquera.
Integrantes de la firma jurídica actuante y de Greenpeace México señalaron que la reducción territorial se suma a una serie de omisiones institucionales acumuladas durante más de seis años. Entre las deficiencias citadas destacan la falta de fiscalización efectiva sobre las artes de pesca prohibidas y la ausencia de esquemas de reconversión productiva que otorguen alternativas económicas sostenibles a las comunidades pesqueras locales.
Por su parte, la dirección ejecutiva de Greenpeace México enfatizó que la atención a las demandas de justicia social y bienestar económico de las poblaciones del Alto Golfo no debe realizarse en perjuicio de la biodiversidad. La organización indicó que el otorgamiento de apoyos para la transición hacia artes de pesca selectivas y no nocivas permitiría conciliar el desarrollo comunitario con la preservación del ecosistema sin poner en riesgo inminente de extinción a la especie.
Las organizaciones demandantes solicitaron formalmente al juzgado de distrito correspondiente la concesión de una suspensión provisional y definitiva de las disposiciones publicadas el 14 de octubre de 2026, a fin de restaurar las medidas de protección territorial vigentes desde 2020 mientras se resuelve el juicio de amparo.
