Celebran comunidades Mayo-Yoreme y el Colectivo ¡Aquí no! el retiro del equipamiento pesado en Sinaloa

- La proveedora estadounidense FAGIOLI trasladó sus plataformas de transporte fuera del país al concluir la vigencia de sus contratos sin fecha de renovación.
- Los manifestantes mantienen el campamento de protesta pacífica mientras demandan a las autoridades federales la cancelación definitiva del proyecto industrial.
- Greenpeace México advierte sobre el riesgo de daños irreversibles al ecosistema costero y a las actividades tradicionales de la población local.
Retiran plataformas de carga pesada de la megaplanta de amoniaco Proman GPO en Topolobampo, Sinaloa, debido al vencimiento de los contratos de arrendamiento y a la falta de certeza sobre la viabilidad del proyecto, tras permanecer varadas por las protestas de comunidades indígenas y colectivos locales.
La compañía estadounidense FAGIOLI concluyó el contrato de arrendamiento de las plataformas especializadas que trasladaban los reactores y torres de absorción —equipos con un peso superior a 50 toneladas y más de 30 metros de longitud—, por lo que solicitó autorización a los manifestantes para ingresar al predio y concretar la movilización del equipo de regreso a Texas, Estados Unidos.
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El retiro de la maquinaria pesada ocurre en el marco de una movilización que supera los 160 días de presencia continua en la zona por parte de los pobladores de Topolobampo, el Colectivo ¡Aquí no! y integrantes de las comunidades Mayo-Yoreme. Los defensores del territorio consideran que la salida de la empresa de transporte deja estáticos los componentes industriales e invalida la movilización inmediata de las estructuras principales hacia las instalaciones de la planta.
Representantes del movimiento social señalaron que, aunque la empresa matriz Proman GPO aún conserva presencia en el sitio y trabaja en las modificaciones del proyecto acordadas en mesas de trabajo previas, el retiro de los insumos logísticos representa una disminución operativa clave. Asimismo, los colectivos manifestaron que mantendrán la vía del diálogo abierta con las autoridades gubernamentales e inversionistas, sin abandonar las acciones de resistencia civil pacífica.
Por su parte, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México reiteraron el llamado al Gobierno de México para decretar la cancelación definitiva de la infraestructura química.
La organización fundamenta su postura en los potenciales impactos ambientales sobre los ecosistemas de la Bahía de Ohuira, el riesgo para las especies protegidas y la alteración de las actividades económicas tradicionales de los habitantes de la región.

