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Exigen cancelar planta de amoniaco en Topolobampo frente al Zócalo

Exigen cancelar megaplanta de amoniaco en Topolobampo frente al Zócalo
Exigen cancelar megaplanta de amoniaco en Topolobampo frente al Zócalo
  • Activistas de Greenpeace México y miembros del Colectivo ¡Aquí No! escalaron el asta bandera del Zócalo para solicitar la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
  • El proyecto de Grupo Proman contempla la producción de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa.
  • Una eventual fuga de 15 minutos en la planta o en el amoniaducto afectaría a más de 450 mil habitantes del municipio de Ahome.

Activistas de Greenpeace México y líderes del Colectivo ¡Aquí No! desplegaron una protesta pacífica en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para solicitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la megaplanta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Grupo Proman, ubicada en Topolobampo, Sinaloa, debido a los riesgos ambientales y sociales que representa para la Bahía de Ohuira.

La manifestación pacífica ocurrió tras el izado de la bandera nacional en el Zócalo capitalino. Durante la acción, dos de los 20 activistas participantes escalaron el asta bandera central para colocar un banner con el mensaje “PRESIDENTA: ¡PROTEJA TOPOLOBAMPO!”. De manera simultánea, en la explanada, el resto de los manifestantes extendió una manta circular roja con la leyenda “¡En México No!”, acompañada de pancartas de mano con mensajes dirigidos a la protección de los ecosistemas locales y el respaldo a los pueblos originarios de la región.

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El acto de protesta coincidió con el cumplimiento de 100 días de plantón y resistencia civil mantenidos por la comunidad en el sitio del proyecto. Esta movilización se dio a la par de los anuncios del Gobierno Federal sobre la instalación de tres grupos técnicos encargados de evaluar la viabilidad y las condiciones de la planta entre el 7 y el 11 de septiembre. Frente a esta medida, los integrantes de las organizaciones destacaron que la apertura al diálogo técnico no implica la aceptación del proyecto industrial.

Los representantes del Colectivo ¡Aquí No! han mantenido una exigencia continua de más de 13 años ante las autoridades ambientales federales para frenar la obra. La instalación proyectada por la firma GPO contempla una capacidad de producción de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día. De acuerdo con las organizaciones, este volumen operativo genera un nivel de riesgo directo sobre la salud humana, la seguridad de las poblaciones aledañas y el equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira.

Durante las mesas de diálogo celebradas previamente entre la empresa, las representaciones comunitarias y los funcionarios del Gobierno Federal, se expusieron diversas irregularidades técnicas en el diseño original de la planta. Como consecuencia de estos señalamientos, Grupo Proman asumió el compromiso de aplicar modificaciones a su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a su Estudio de Riesgo.

Felipe Montaño Valenzuela, vocero del Colectivo ¡Aquí No! y gobernador tradicional (cobanaro) de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira, explicó que los ajustes propuestos por la compañía se centran en esquemas de remediación y en la gestión de descargas que no resuelven de fondo los problemas de origen. Según la representación indígena, el proyecto carece de viabilidad ambiental y social, por lo que la postura técnica y comunitaria exige su cancelación total.

Los datos asentados en la propia Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la empresa establecen que una eventual fuga con duración de cinco minutos tendría consecuencias mortales en un radio de 15 kilómetros, zona en la que habitan aproximadamente 165 mil personas. 

En el escenario de una fuga de 15 minutos, la dispersión del químico alcanzaría un radio de 45 kilómetros, exponiendo a más de 450 mil pobladores de todo el municipio de Ahome, además del riesgo latente en el trazado de los tres kilómetros del amoniaducto previstos para transportar el insumo hacia el muelle.

Greenpeace México puntualizó que las dependencias ambientales del Estado mexicano cuentan con la facultad legal para vigilar el proceso de modificación de los estudios presentados por la filial GPO. La organización enfatizó que la revisión debe evitar la aprobación de documentos elaborados con el único fin de cumplir formalismos administrativos o validar la operación sin solucionar los problemas técnicos reales.

Asimismo, la organización ecologista señaló que la presentación extemporánea de modificaciones a la MIA y al Estudio de Riesgo contraviene los términos estipulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La legislación ambiental mexicana contempla que cualquier evaluación, adecuación o medida de mitigación debe ser aprobada antes del inicio de las obras y no de manera posterior.

La zona de afectación señalada por los activistas posee el carácter de Sitio Ramsar, designación internacional que la reconoce como un humedal de importancia global. El área alberga y sirve como espacio de tránsito, crianza y reproducción para 39 especies de flora y fauna clasificadas bajo alguna categoría de protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059, entre las que destaca el delfín nariz de botella, además de ser un territorio sagrado para la nación Mayo-Yoreme.

Aleira Lara, Directora Ejecutiva de Greenpeace México, expuso que la operación del complejo industrial generará impactos irreparables sobre la biodiversidad de la región y sobre las actividades productivas de las cuales dependen las comunidades locales. Por ello, instó al Poder Ejecutivo a ejercer sus facultades institucionales para ordenar el cese definitivo de los trabajos antes de que se profundicen los daños al entorno natural.

Las organizaciones concluyeron la jornada con un llamado a la ciudadanía y a los sectores sociales a sumarse a la defensa de los bienes naturales de la Bahía de Ohuira, argumentando que la conservación del patrimonio ecológico requiere de la participación y solidaridad a nivel nacional.

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