Política ambiental contradictoria en primer año de Sheinbaum: Greenpeace
- El presupuesto para infraestructura y defensa en 2026 es 17 veces mayor que el destinado a la restauración de ecosistemas, según análisis de la organización.
- La asignación para Áreas Naturales Protegidas (ANP) representa menos de un peso por hectárea al año.
La organización ambientalista Greenpeace México calificó como “contradictoria” la política ambiental del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que las acciones y el presupuesto propuesto para 2026 no se alinean con la protección efectiva del medio ambiente.
A través de un comunicado, la organización analizó las decisiones gubernamentales en temas clave como la Selva Maya, la transición energética y la contaminación por plásticos, concluyendo que no existe un cambio de rumbo claro para combatir amenazas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
El análisis de Greenpeace parte de las altas expectativas generadas al inicio de la administración, dada la formación científica de la presidenta y el nombramiento de Alicia Bárcena, con una reconocida trayectoria en causas ambientales, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, la organización sostiene que la política ambiental ha generado una “sensación agridulce” al no reflejar un compromiso contundente en la materia.
Uno de los focos de mayor preocupación es la Selva Maya. El documento indica que, si bien la secretaria Bárcena ha reconocido los impactos negativos de proyectos como el Tren Maya, la administración federal ha anunciado la expansión de infraestructura, como una terminal de carga en Cancún. Estos planes, sumados a proyectos inmobiliarios y turísticos, ejercen una presión creciente sobre el ecosistema.
En respuesta a una acción de protesta de la organización, Greenpeace informó que la Semarnat se comprometió a establecer mesas de trabajo multisectoriales para desarrollar un ordenamiento territorial en la Península de Yucatán. Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de ¡Selva!”, mencionó que proteger el bosque tropical más importante del país requiere una colaboración sin precedentes y que es un buen paso que el gobierno federal accediera a este trabajo conjunto.
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En materia energética, el informe resalta las contradicciones dentro de los propios compromisos de gobierno. Mientras se promete impulsar las energías renovables, también se contempla aumentar la producción de petroquímicos y fertilizantes.
Pese a que la presidenta aseguró que se cumplirá con la meta de reducción de emisiones para 2030, se sigue invirtiendo en proyectos de gas fósil, compuesto principalmente por metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento significativamente mayor al del dióxido de carbono.
Pablo Ramírez, campañista de Justicia Energética de Greenpeace, señaló que ningún compromiso climático será suficiente mientras se siga invirtiendo en técnicas como el fracking.
Afirmó que el presupuesto destinado a atender los impactos del cambio climático se utiliza para continuar la extracción y quema de combustibles fósiles, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
Respecto a la contaminación plástica, la organización denuncia la falta de avances en una Ley Antiplásticos a nivel nacional que prohíba los productos de un solo uso. Esto ocurre a pesar de una sentencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que reconoce una omisión legislativa del Congreso de la Unión en la materia.
El comunicado advierte que iniciativas como el “Plan México” y otros proyectos asociados promueven una “visión distorsionada” de la economía circular, al centrarse en la gestión de residuos mediante incineración o coprocesamiento, en lugar de reducir la producción de plásticos. Estas prácticas, según la organización, agravan los impactos socioambientales.
En un punto positivo, Greenpeace reconoce la ratificación del Tratado Global de Océanos por parte del gobierno mexicano, un avance multilateral para la protección marina. No obstante, Viridiana Lázaro, campañista de Océanos sin Plásticos, advirtió que el presupuesto actual no contempla medidas específicas para la protección de los océanos ni acciones para respaldar los santuarios marinos contemplados en el tratado.
El análisis presupuestal para 2026 es el eje central de la crítica de la organización. Según el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los recursos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático revelan que la prioridad no es la conservación. Proyectos de infraestructura y defensa nacional reciben en conjunto 17 veces más presupuesto que la restauración y protección de ecosistemas.
Específicamente, el rubro de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibe apenas el 3.7% del total de dicho anexo. Programas clave como el de Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST) y el de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas obtienen montos que la organización considera “simbólicos”. El presupuesto para las 232 Áreas Naturales Protegidas federales y las 602 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación se traduce en un promedio de $0.98 pesos por hectárea al año.
El documento compara los $7,760 millones proyectados para la terminal de carga del Tren Maya en Cancún con los $128 millones asignados a la restauración de todos los ecosistemas y especies prioritarias del país, una cifra 60 veces menor.
Finalmente, el análisis señala que el programa Sembrando Vida, con una asignación de $39,100 millones, continúa sin mecanismos claros para evitar la deforestación inducida, y no se destinan recursos a la transición hacia la agroecología. En el sector energético, la mayor parte del presupuesto se dirige a la política de hidrocarburos, consolidando la dependencia de combustibles fósiles.
Ornela Garelli, Directora de Campañas de Greenpeace México, concluyó que el discurso de compromiso ambiental del gobierno debe reflejarse en una asignación de recursos suficiente para garantizar la protección de los ecosistemas y en políticas efectivas que impulsen una transición energética justa y frenen la contaminación plástica.
