Concretan Senadores reforma que expide Ley General de Aguas
- Prioridad Hídrica: La legislación busca priorizar el consumo humano y doméstico sobre las concesiones existentes.
- Eje del Debate: La oposición argumentó un aumento de la discrecionalidad gubernamental en la gestión del recurso.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que tiene por objeto expedir la Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen fue avalado la tarde de su recepción, proveniente de la Cámara de Diputados, con una votación inicial de 85 votos a favor y 36 en contra.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal, busca regular y garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, estableciendo la prioridad de su uso para consumo personal y doméstico frente a cualquier autorización, permiso, concesión o asignación del recurso.
El proceso legislativo culminó en el Salón de Sesiones de la Cámara Alta, después de un debate en el que las distintas fracciones parlamentarias expusieron posturas encontradas respecto a las implicaciones del nuevo marco normativo. La votación en lo general reflejó el respaldo mayoritario al dictamen, mientras que la discusión se centró en la supuesta eliminación de la visión mercantilista del agua y los riesgos de centralización en su administración.
Posturas encontradas en el debate legislativo
La discusión se estructuró a partir de dos visiones opuestas sobre la gestión del recurso hídrico. Senadores de los grupos que apoyaron la propuesta destacaron el carácter social de la iniciativa, mientras que la oposición advirtió sobre los riesgos de la concentración de poder.
Desde la bancada de Morena, el senador Óscar Cantón Zetina sostuvo que la legislación sitúa a la persona como el elemento central del proyecto, en contraste con lo que denominó “grandes acaparadores de agua”. El legislador afirmó que la propuesta crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, con el potencial de convertir la ley en la principal aliada de los productores y campesinos en el país. En su intervención, señaló que la iniciativa “elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.
En una línea argumentativa similar, la senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, defendió que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser una mercancía para ser asumida como un bien social. La legisladora puntualizó que el proyecto planteado por el Ejecutivo Federal promueve que México avance hacia un modelo de gestión hídrica “más justo, transparente y sostenible”, garantizando el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos.
Por parte del PT, la senadora Lizeth Sánchez García enfatizó los beneficios directos para las organizaciones comunitarias. La legisladora subrayó que la legislación reconoce y otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, lo que implica derechos y obligaciones claras. Asimismo, destacó que el proyecto asegura la transmisión expedita de derechos en contextos de herencia o compraventa, lo que protege el patrimonio de familias campesinas, y define el uso agropecuario familiar para la protección de la economía de subsistencia, diferenciando de manera explícita a los pequeños productores de los grandes agroindustriales.
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Advertencias sobre control discrecional y falta de planeación
Los grupos parlamentarios que votaron en contra de la reforma manifestaron reservas sobre el impacto financiero, la sustentabilidad de la infraestructura y el control gubernamental.
La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, indicó que la reforma transforma el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Advirtió que la legislación concede al Gobierno Federal la potestad de decidir, de forma discrecional, “quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”. Argumentó que esta concentración de decisiones representa un peligro para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Por su parte, Carolina Viggiano Austria, del PRI, alertó que el proyecto no fue sustentado con estudios económicos ni presupuestales y carece de análisis de impacto financiero. La senadora señaló que la ley no garantiza inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, criticó la ausencia de consulta a los pueblos originarios, acusando que, sin la base material de inversión y consulta, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que los cambios aprobados abren la puerta a un mayor control gubernamental sin contrapesos reales, aumentando los trámites y la incertidumbre para el campo mexicano. El legislador lamentó la concentración de atribuciones en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sin reglas claras, lo que incrementa el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político. Afirmó que esta incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes podría desincentivar la inversión, la tecnificación y frenar proyectos productivos.
Alcance de la nueva Ley General de Aguas
Tras la discusión de las reservas presentadas por senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, las cuales fueron rechazadas por el Pleno, el proyecto de decreto fue aprobado en sus términos con 82 votos a favor y 34 en contra. La Cámara de Senadores turnó el documento al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El documento final que expide la Ley General de Aguas y reforma disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Un punto clave es la definición del contenido del derecho humano al agua y la implementación de disposiciones que garanticen su acceso equitativo. La ley promueve, respeta, protege y garantiza el derecho al consumo personal y doméstico, al acceso, disposición y saneamiento, en coherencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el país forma parte.
Además, el proyecto plantea la creación de instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, los estados y los municipios en la tutela del derecho humano al agua.
Se definen mecanismos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del líquido vital. La ley garantiza el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, y busca fortalecer las bases para su operación.
Adicionalmente, se establecen los cimientos para políticas que deben incorporar las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, con el objetivo de fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua a nivel nacional.
