Rechazan comunidades de Hidalgo Parque Ecológico por falta de MIA
- El 63.10% de los participantes en la consulta pública se manifestó en contra del proyecto.
- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) reportó una participación del 8.77% de la lista nominal en la zona de influencia.
La mayoría de las comunidades de Hidalgo manifestaron su desaprobación a la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo (PERH). Esta decisión se tomó mediante una consulta pública organizada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). La votación, que siguió a un fin de semana de manifestaciones públicas pacíficas, se llevó a cabo en los municipios de Tlaxcoapan, Atitalaquia y Tula de Allende.
La principal razón del rechazo se centró en la ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) previa, lo que generó preocupación en la población por los posibles efectos en la salud y el medio ambiente en una zona catalogada como ya afectada, impulsando la búsqueda de una remediación real sobre la propuesta de termovalorización.
El proceso de consulta pública fue convocado para conocer la postura de las comunidades directamente afectadas por la potencial instalación del proyecto. Este ejercicio democrático se llevó a cabo con el objetivo de legitimar o detener la iniciativa que buscaba establecer un polo de gestión de residuos con un enfoque de economía circular. La participación ciudadana fue clave para determinar el futuro inmediato del proyecto en la región.
Detallan Autoridades Electorales Resultados de la Participación
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) proporcionó la información oficial respecto a los resultados de la jornada de consulta. De acuerdo con el organismo, la participación ascendió al 8.77% de la población inscrita en la lista nominal de los municipios incluidos en el área de influencia del proyecto. Esto representó un total de 12,259 personas que ejercieron su voto en el proceso.
El desglose de la votación reflejó una clara tendencia hacia el rechazo de la iniciativa. Los datos indicaron que el 63.10% de los votos emitidos fueron en contra de la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje. En contraste, el 35.35% de los participantes se manifestó a favor del desarrollo del proyecto. Adicionalmente, el IEEH registró que el 1.54% de los votos emitidos fueron anulados, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de ejercicios.
La oposición fue más pronunciada en municipios específicos. Los resultados detallados mostraron que las comunidades de Atitalaquia y Tlaxcoapan registraron un mayor nivel de desacuerdo con la iniciativa del PERH, en comparación con el municipio de Tula de Allende, el cual también formó parte de la consulta. Este patrón geográfico subraya la concentración de la preocupación ambiental y de salud pública en zonas específicas del estado.
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Cuestionan Comunidades la Premisa Legal y Ambiental del Proyecto
La desaprobación al proyecto no se limitó únicamente a la oposición a la infraestructura, sino que se fundamentó en la metodología y las premisas legales con las que se planteó la iniciativa. Las comunidades señalaron que el proyecto requería obligatoriamente de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como requisito previo para cualquier convocatoria de consulta pública.
La MIA es el documento técnico-científico que evalúa los posibles efectos ambientales y sociales de una obra o actividad, asegurando que se contemplen las medidas de mitigación pertinentes.
La población expresó que, al carecer de este análisis y de una evaluación rigurosa de los impactos potenciales sobre la salud de los habitantes y el ecosistema local, el ejercicio de consulta pública se percibía como una “simulación”.
Esta percepción se sumó al temor de la población de que el proyecto se implementara en una región que ya reporta afectaciones ambientales significativas. Los manifestantes hicieron hincapié en la necesidad de implementar estrategias de “verdadera remediación” de la zona, en lugar de utilizar tecnologías como la termovalorización y el supuesto reciclaje de residuos.
Insta Greenpeace a Replanteamiento de la Política de Economía Circular
Tras conocerse los resultados de la consulta, la organización ambientalista Greenpeace México emitió una postura celebrando que se hiciera efectiva la voz de las comunidades de Hidalgo. La organización hizo un llamado a las autoridades para que se respete el resultado de la votación y se mantenga una vigilancia activa ante la posibilidad de que este mismo proyecto se intente implementar en otras entidades federativas.
Este proyecto se enmarcaba en el Plan de Acción de Economía Circular del gobierno federal, el cual considera la creación de dos Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.
La preocupación de Greenpeace se extiende más allá de la ubicación geográfica del proyecto. La organización ambientalista señaló que es imperativo reconsiderar el modelo de gestión de residuos propuesto, y no solo buscar un nuevo emplazamiento. Ornela Garelli, Directora de Campañas de Greenpeace México, declaró que el uso de procesos como “quemar basura, convertir residuos en energía, co-procesar, o cualquier otra forma de termovalorización” desvía el enfoque de la gestión sostenible.
Garelli agregó que este tipo de prácticas industriales, cuando se implementan sin la debida Manifestación de Impacto Ambiental y sin una inclusión efectiva de las comunidades, organizaciones sociales y expertos libres de conflicto de interés, representan acciones que resultan perjudiciales para cualquier entidad, no solo para Hidalgo. Este señalamiento pone en tela de juicio la reciente aprobación de la Ley General en la materia (LGEC) por el Senado, un proceso que, según la organización, fue rápido y careció de la consulta de las perspectivas de expertos de la sociedad civil.
Demandas se Centran en la Protección Ambiental y Derechos Humanos
Greenpeace México enfatizó la necesidad de que el Gobierno de México reoriente su estrategia de economía circular. La organización instó a las autoridades a establecer la protección ambiental y de las personas en el centro de la política, garantizando el pleno respeto del derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano. La posición se fundamenta en que la búsqueda de un nuevo sitio no resuelve las objeciones subyacentes al modelo tecnológico y administrativo.
La organización propuso que este objetivo solo puede alcanzarse mediante la imposición de límites a las empresas consideradas contaminantes. Para lograrlo, señalaron la necesidad de implementar una política de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que esté basada en el rediseño de los productos. Este rediseño debe enfocarse en la durabilidad, la alta calidad, la reducción en la generación de residuos y la eliminación de materiales tóxicos.
La finalidad de esta medida es evitar que persistan las prácticas actuales de producción que resultan desmedidas, como la fabricación de plásticos desechables, la denominada moda rápida o los electrodomésticos de baja calidad, los cuales están concebidos para tener una corta vida útil.
La crítica final de Greenpeace se dirigió al enfoque económico de la política de residuos. Indicaron que una propuesta de economía circular que se basa principalmente en la valorización de los residuos ya generados, y que prioriza criterios meramente económicos, pierde el potencial transformador del modelo y, en consecuencia, favorece el business as usual de los intereses del sector privado, perpetuando el problema en su origen en lugar de mitigarlo.
La voluntad expresada por la mayoría de los votantes en Hidalgo obliga a las autoridades a un análisis profundo de la dirección de la política nacional de gestión de residuos sólidos.
