Denuncia Greenpeace que sigue la fuga de gas en Las Choapas, Veracruz
- Habitantes de Las Choapas enfrentan una grave crisis de salud y pérdida de sus medios de vida tras más de 130 días de descontrol en el pozo Krem-1.
- La paraestatal admite su incapacidad para mitigar el desastre a corto plazo, reabriendo el debate sobre los riesgos de la extracción de hidrocarburos e inminentes proyectos de fracking.
El pozo de gas Krem-1, perteneciente a Petróleos Mexicanos (PEMEX), registra una fuga ininterrumpida y un descontrol que supera los 130 días de contaminación continua en el municipio de Las Choapas, Veracruz, sin que la empresa estatal ni las autoridades ambientales hayan logrado mitigar la emergencia o transparentar la calidad del aire.
El desastre comenzó el pasado 5 de marzo cuando la instalación petrolera explotó y se incendió. Desde esa fecha, el descontrol del pozo se ha prolongado de forma crítica. La empresa petrolera paraestatal ha declarado oficialmente su incapacidad técnica para controlar la fuga en los próximos meses, lo que ha provocado una acumulación progresiva de daños socioambientales. Las afectaciones se extienden sobre los ecosistemas locales, la biodiversidad y las comunidades rurales circundantes, cuyos pobladores sufren el impacto directo en sus actividades productivas y en sus condiciones básicas de subsistencia.
La población de la zona afectada reporta graves padecimientos de salud como consecuencia de la exposición prolongada a las emisiones de gas. Entre las sintomatologías más recurrentes descritas por los habitantes destacan los dolores de cabeza intensos, dificultades para respirar, náuseas, vómitos y trastornos del sueño provocados por el ruido constante de la fuga. A este panorama se suma una atención médica precaria en las localidades cercanas al pozo y un desabasto generalizado de medicamentos básicos, obligando a los ciudadanos a enfrentar los estragos del desastre sin la infraestructura sanitaria adecuada.
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Además de los daños a la salud física, el incidente ha destruido los medios de vida de decenas de familias campesinas. Las emisiones tóxicas y el impacto ambiental han provocado la pérdida de cultivos de milpa, árboles frutales y pastizales indispensables para la actividad agropecuaria. De igual manera, se reporta la muerte de ganado y animales de traspatio, así como la contaminación de las fuentes de agua y la degradación de la calidad del aire, dejando a los pobladores sin sus principales fuentes de alimento e ingreso económico.
El desastre del pozo Krem-1 evidencia severas inconsistencias en los instrumentos de gestión ambiental aplicados por las autoridades. La evaluación de riesgo integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) previa a la operación consideró la pérdida de control del pozo como el peor escenario posible, asignándole la categoría de riesgo más alta. Sin embargo, las conclusiones del mismo documento establecieron que el proyecto no representaba riesgos de daño para la población ni para el medio ambiente, calificándolo como un “riesgo tolerable” sin presentar los sustentos técnicos necesarios que respaldaran dicha afirmación.
La respuesta de las dependencias oficiales y de PEMEX ha generado inconformidad entre los habitantes y especialistas. El discurso institucional sostiene que los niveles de contaminación se mantienen dentro de los parámetros permitidos y que la atención a las familias es la adecuada.
Si bien se informó que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza mediciones sobre la calidad del aire, la empresa petrolera no ha publicado datos transparentes sobre los horarios de muestreo, la dirección de los vientos, la ubicación de las estaciones de monitoreo ni los límites de detección empleados. La ausencia de esta información impide evaluar con rigor si los estudios captaron picos de contaminación, exposiciones intermitentes o desplazamientos de oxígeno en la atmósfera.
Este escenario en el municipio de Las Choapas reaviva la discusión nacional sobre los riesgos inherentes a la extracción de combustibles fósiles en el país. El incidente ocurre en un contexto de debate público ante la posible aprobación y expansión de la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking) por parte de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversos sectores señalan que la falta de capacidad para atender contingencias convencionales contradice las posturas que aseguran la viabilidad de aplicar el fracking sin generar perjuicios graves a la salud pública, al medio ambiente y a las economías locales.
