Global Witness registra al menos 124 asesinatos de defensores del medio ambiente en 2025
- América Latina se consolida como la región más peligrosa del mundo al concentrar el 85 % de los homicidios reportados.
- Colombia y Brasil encabezan la lista global y suman conjuntamente el 52 % de los casos documentados en el último año.
- El 75 % de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes o pequeños agricultores.
- Los recortes en la ayuda internacional disminuyeron los fondos de apoyo y elevaron la vulnerabilidad de los activistas.
Global Witness, la organización internacional de monitoreo ambiental, reportó la muerte de al menos 124 defensores de la tierra y del medio ambiente en el mundo durante 2025.
La cifra eleva el total consolidado de asesinatos y desapariciones forzadas a 2,375 casos registrados desde 2012, año en que inició la recopilación sistemática de estos datos. El informe identificó que los conflictos por la tenencia de la tierra impulsaron más de la mitad de los ataques letales, seguidos por presiones asociadas a las industrias extractivas, la tala comercial y la agroindustria.
América Latina se mantuvo por decimotercer año consecutivo como la región con la mayor tasa de mortalidad para quienes defienden los recursos naturales. Durante el periodo analizado, el 85 % de los crímenes a nivel global se perpetró en esta zona geográfica. Colombia ocupó por cuarto año consecutivo el primer lugar en violencia letal contra activistas al registrar 39 homicidios, de los cuales casi la mitad correspondió a personas indígenas.
Brasil se situó en el segundo puesto con 26 defensores asesinados, cifra que representó más del doble de los eventos documentados el año previo. La lista de las naciones más peligrosas del continente continuó con Honduras y Filipinas —este último en Asia—, con 12 asesinatos cada uno, seguidos por México con 10 casos y Guatemala con ocho.
El perfil de las víctimas mortales evidenció un impacto desproporcionado sobre poblaciones vulnerables y de subsistencia. Más de tres cuartas partes de las personas fallecidas eran pequeños agricultores, integrantes de pueblos indígenas o miembros de comunidades afrodescendientes. Específicamente, 44 de las víctimas mortales pertenecían a pueblos originarios, entre las cuales se incluyeron siete integrantes de guardias indígenas comunitarias.
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Los factores de riesgo identificados por la investigación vincularon las actividades extractivas y comerciales con las agresiones fatales. La minería y la extracción de recursos se asociaron a 11 asesinatos, los intereses madereros a ocho y los proyectos agroindustriales a seis. Asimismo, más de un tercio de las agresiones mortales a nivel mundial involucró al crimen organizado o a sicarios contratados por terceros.
En el continente asiático, aunque la cantidad de crímenes documentados resultó menor en términos absolutos respecto a América Latina, la violencia se manifestó a través de dinámicas de criminalización, intimidación y campañas de desprestigio en redes sociales. Dichas acciones legales e imputaciones penales buscan calificar a los defensores como delincuentes para desacreditar la labor de protección de sus territorios.
En respuesta a estas amenazas, diversas comunidades implementaron mecanismos de protección colectiva, tales como patrullajes territoriales, sistemas de alerta temprana y monitoreo comunitario. En Perú, por ejemplo, los pueblos Kakataibo organizaron una Guardia Indígena para vigilar sus tierras frente al avance del crimen organizado y la siembra ilegal de coca en la Amazonía. En Indonesia, residentes del pueblo Dayak enfrentaron cargos penales tras oponerse a la contaminación de fuentes de agua provocada por la industria papelera.
El contexto político y económico internacional durante 2025 agravó los riesgos para la labor ambiental. La reducción generalizada en los presupuestos de ayuda exterior de gobiernos como el de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido derivó en un recorte de fondos para las organizaciones civiles que respaldan a los activistas rurales. Esta caída en los recursos internacionales redujo la asistencia técnica, jurídica y de protección directa en las regiones de mayor diversidad biológica del planeta.
Los datos recabados por Global Witness se obtuvieron en coordinación con más de 30 organizaciones locales, nacionales y regionales presentes en más de 20 países. Cada caso fue sometido a un proceso de verificación de fuentes públicas, registros judiciales e informes periodísticos. La organización aclaró que la cifra final representa una estimación conservadora del número real de víctimas debido a las limitaciones existentes para el reporte y la verificación de violencia en zonas de difícil acceso.
