Exigen frenar la contaminación del acuífero subterráneo en Yucatán
- Denuncia sin respuesta: Transcurre un año desde la presentación de la denuncia popular ante autoridades ambientales federales sin que existan sanciones o clausuras definitivas.
- Evidencia microbiológica: Análisis de laboratorio en 17 pozos y cenotes confirman la presencia de coliformes, enterococos fecales y nutrientes en niveles superiores a las normas internacionales.
- Origen confirmado: Estudios científicos de la UNAM y del Instituto Johns Hopkins validaron que la contaminación proviene directamente de excretas de granjas porcícolas masivas.
Comunidades mayas de la Red To’oné Ja’o’on y la organización Greenpeace México exigieron acciones inmediatas a las autoridades ambientales federales ante la contaminación del acuífero subterráneo en la Península de Yucatán, ocasionada por la operación de megagranjas porcícolas. Representantes comunitarios y activistas señalaron en Mérida que, a un año de haber presentado una denuncia popular formal, las instancias gubernamentales mantienen expedientes inconclusos y han omitido aplicar sanciones efectivas o la reparación integral del daño en las zonas afectadas.
El acuífero maya constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, actividades agrícolas y sostenimiento del ecosistema regional. La estructura del suelo kárstico, compuesta de roca caliza porosa y una amplia red interconectada de cenotes y ríos subterráneos, vulnera la zona al permitir que los contaminantes vertidos en la superficie se filtren con rapidez hacia las corrientes profundas.
Un estudio de calidad del agua realizado por Greenpeace México en agosto de 2026, mediante monitoreo comunitario y análisis en laboratorios acreditados sobre 17 sitios de muestreo en municipios como Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz, confirmó concentraciones críticas de contaminantes. Los datos de laboratorio revelaron niveles de nitratos superiores al límite de 50 miligramos por litro fijado por la Organización Mundial de la Salud en muestras de Motul y Chocholá, además de elevadas concentraciones de fósforo, sólidos suspendidos y demanda química de oxígeno.
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En materia microbiológica, 16 de las 17 muestras tomadas alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales, mientras que 13 sobrepasaron los 1,800 NMP por cada 100 mililitros de coliformes fecales. Asimismo, cuatro puntos registraron topes máximos de enterococos fecales, lo que evidencia la presencia de bacterias de alto riesgo para la salud pública.
Investigaciones complementarias elaboradas entre 2024 y 2026 por la Red To’oné Ja’o’on, en colaboración con el Instituto Johns Hopkins y la Universidad Nacional Autónoma de México, permitieron determinar la procedencia de los residuos. Mediante la prueba especializada Pig2Bac en cinco puntos de control situados en Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú, los laboratorios confirmaron que los contaminantes orgánicos corresponden específicamente a materia fecal porcina.
A pesar de los hallazgos y de las alertas comunitarias, las dependencias encargadas de la protección ambiental —entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente— han omitido presentar informes públicos definitivos o clausuras permanentes sobre instalaciones señaladas. Casos documentados como las granjas GARY 5 y 6 en Chocholá, MOBA en Maxcanú y los complejos Kekén 1 al 6 cercanos a Kinchil y Celestún mantienen procedimientos administrativos pendientes sin aplicar medidas correctivas de fondo.
Adicionalmente, los colectivos denunciaron que las autoridades federales firmaron un convenio con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán para trasladar facultades de evaluación de impacto ambiental al gobierno estatal. Dicho acuerdo se formalizó sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas involucradas, lo que derivó en la interposición de un juicio de amparo donde una jueza de distrito concedió la suspensión definitiva del acto.
La preocupación territorial se incrementó tras el cierre de la granja Santa María en Santa María Chí, puesto que en septiembre de 2026 se registró el traslado masivo de cerdos hacia la zona de Tebacal y San Antonio Tzacala, a 15 kilómetros de Molas. Esta reubicación afecta directamente el entorno de la Reserva Ecológica Cuxtal, área estratégica que provee de agua potable a la ciudad de Mérida.
El conflicto ha trascendido el ámbito nacional. Durante su visita oficial a México en marzo de 2026, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, constató la cercanía de las instalaciones agroindustriales a zonas habitadas y respaldó la propuesta de emitir una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental en la Península de Yucatán.
Frente a esta coyuntura, los pueblos organizados y las organizaciones ambientalistas mantienen la exigencia de transparente acceso a la información, monitoreos independientes, reparación de los daños causados en Santa María Chí, investigación sobre la mortalidad de peces reportada entre Kinchil y Maxcanú, y la instauración de una moratoria inmediata a la expansión de la porcinocultura industrial en la entidad.
