Pública Gobierno de México acciones para producción sostenible de aguacate
- El acuerdo intersecretarial busca garantizar el cumplimiento de normas fitosanitarias.
- Establece la prohibición de exportar producto de terrenos deforestados desde 2019.
El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo que establece acciones concretas para regular la cadena de producción de aguacate para exportación. La medida busca garantizar que el producto cumpla con disposiciones fitosanitarias, provenga de terrenos libres de deforestación y asegure el trabajo digno, con el fin de fortalecer la sustentabilidad y responsabilidad social del sector.
El instrumento legal representa un esfuerzo conjunto de cuatro dependencias federales. Fue emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Asimismo, cuenta con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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El objetivo de esta colaboración interinstitucional es reafirmar el compromiso del Gobierno de México con el desarrollo rural sustentable. La administración busca fomentar la justicia ambiental y laboral en la cadena productiva, además de proteger los derechos humanos de los involucrados en el cultivo del aguacate.
El acuerdo detalla los requisitos estrictos que los huertos deberán cumplir para que su producto sea elegible para exportación. En primer lugar, deberán estar libres de deforestación. El acuerdo especifica que los terrenos no deben haber sufrido cambios de uso de suelo (deforestación) desde el año 2019. Esta condición deberá ser validada mediante dictámenes técnicos emitidos por Semarnat.
Adicionalmente, los huertos deben contar con la certificación fitosanitaria de SADER. Esta certificación será gestionada a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en la materia.
Un pilar central del nuevo acuerdo es la garantía de condiciones laborales justas. La producción deberá asegurar el respeto a los derechos humanos de todas las personas trabajadoras agrícolas. El texto excluye de manera total la permisión del trabajo infantil en cualquier fase de la cadena productiva.
Para asegurar la aplicación efectiva de estas medidas, el acuerdo instruye la creación de una Comisión Técnica Interinstitucional. Este órgano de coordinación estará encabezado por SADER.
Las responsabilidades de dicha comisión incluirán la coordinación de la implementación de las acciones, el seguimiento puntual de los avances y la verificación del cumplimiento por parte de los productores.
La comisión también estará facultada para expedir disposiciones administrativas complementarias que sean necesarias para la operación del acuerdo. Se establece que la aplicación de estas nuevas disposiciones iniciará formalmente a partir del 1 de abril de 2026.
