ONG´s confirman con estudios la contaminación en aguas subterráneas en Yucatán
- Estudios de la Red To’one Ja’o’on y la UNAM en Kinchil, Sitilpech y Chocholá confirman origen animal de bacterias mediante trazadores moleculares.
- Análisis oficiales de Semarnat e investigaciones de la Universidad Johns Hopkins evidencian que plantas de tratamiento de megagranjas porcícolas son insuficientes.
Organizaciones civiles y comunidades mayas de la Península de Yucatán confirmaron la presencia de contaminación por bacterias fecales y nitratos en cenotes y pozos de la región, derivado de la actividad porcícola industrial.
La Red To’one Ja’o’on y Greenpeace México informaron los resultados de diversos monitoreos hídricos realizados en múltiples puntos de muestreo del estado de Yucatán, entre los que destacan municipios como Kinchil, Chocholá, Maxcanú, Motul y Mérida. A través de análisis microbiológicos y pruebas genéticas de laboratorio, los colectivos demostraron que los residuos sin tratar o tratados parcialmente por las instalaciones porcinas impactan el acuífero que abastece a la población local, lo que vulnera el derecho humano al agua potable y pone en riesgo los ecosistemas de la zona.
El conflicto sobre la calidad del agua en la región se intensificó tras la publicación del reporte “Megagranjas porcícolas: Una amenaza constante para los cenotes”. Ante las posturas del sector industrial ganadero que desestiman las denuncias, las comunidades locales presentaron evidencia acumulada desde el año 2022 a través del proyecto de monitoreo participativo apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los muestreos evaluaron parámetros microbiológicos y químicos en pozos artesanales de agua potable y cuerpos de agua de comunidades rurales. En los análisis efectuados en 17 puntos por organizaciones civiles, 16 muestras alcanzaron el límite superior de cuantificación para coliformes totales con más de 1800 MPN por cada 100 mililitros. Asimismo, 13 de las 17 muestras saturaron la capacidad de medición en materia de coliformes fecales.
Adicionalmente, los laboratorios registraron concentraciones elevadas de nitratos en localidades como Motul y Chocholá. Las lecturas sobrepasaron el límite de referencia de 50 miligramos por litro estipulado en las directrices de la Organización Mundial de la Salud y en la NOM-127-SSA1-2021 sobre calidad del agua para consumo humano.
Estudios académicos complementarios ejecutados por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Laboratorio de Ecología Microbiana de Sisal examinaron 27 muestras de agua de pozos comunitarios en municipios como Kopomá, Maxcanú y Santa María Chí. De ese total, en 21 muestras se detectó la presencia de coliformes fecales termotolerantes y en 18 se constató la presencia de la bacteria Escherichia coli.
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Para determinar el origen específico de la materia orgánica contaminante, la Red To’one Ja’o’on empleó técnicas moleculares especializadas de Reacción en Cadena de la Polimerasa cuantitativa. Mediante el uso del trazador genético denominado Pig-2-Bac, los laboratorios identificaron secuencias bacterianas pertenecientes al tracto digestivo del ganado porcino en tomas de agua de Kinchil, Chapab, Maxcanú, Izamal y Santa María Chí. Estos procedimientos científicos contaron con la validación de la Universidad Johns Hopkins y el respaldo de laboratorios universitarios nacionales.
Las evaluaciones gubernamentales previas señalan deficiencias estructurales en el manejo de efluentes. En el Dictamen Diagnóstico Ambiental elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2023, la dependencia federal determinó que los sistemas de tratamiento instalados en la mayoría de las unidades industriales resultan insuficientes.
Las plantas fueron diseñadas bajo normativas derogadas como la NOM-001-SEMARNAT-1996, permitiendo descargas que superan los parámetros de la norma vigente NOM-001-SEMARNAT-2021. La autoridad ambiental registró además que el nivel de contaminación superó la capacidad de renovación natural de los acuíferos en municipios con alta concentración porcina.
Representantes de los pueblos mayas exigieron la aplicación efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas. De igual forma, solicitaron la activación de los mecanismos de acceso a la información y justicia ambiental estipulados en el Acuerdo de Escazú.
Las organizaciones ambientalistas y comunitarias solicitaron a las autoridades ambientales federales y estatales una fiscalización rigurosa del sector. Si bien la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportó formalmente la no emisión de nuevas autorizaciones de construcción para el sector porcino en la entidad, las agrupaciones denunciaron la continuidad de expansiones operativas realizadas bajo la figura de obras complementarias.
Por su parte, la dirección de campañas de Greenpeace México demandó la remediación de los sitios alterados y la publicación transparente de los diagnósticos hídricos oficiales. La agrupación señaló que el sistema kárstico de la Península de Yucatán presenta una alta permeabilidad y vulnerabilidad hidrológica, por lo que la filtración de residuos afecta la salud de las poblaciones rurales e impacta la biodiversidad de los ecosistemas locales.
