Aclara Conagua alcances de la nueva Ley General de Aguas
- La propuesta, presentada por la Presidencia, redefine la gestión hídrica para priorizar el derecho humano y el consumo doméstico.
- Se eliminará la transmisión de concesiones entre particulares y los cambios de uso sin autorización de la autoridad hídrica.
El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó los alcances y objetivos de la iniciativa de Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La autoridad hídrica busca aclarar lo que calificó como “información imprecisa” difundida sobre la propuesta, detallando que esta persigue fortalecer el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso y ordenar el régimen de concesiones.
Los tres pilares de la Ley General de Aguas
Según la información proporcionada por Conagua, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal se fundamenta en tres propósitos centrales.
El primero es fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Para lograrlo, se propone una distribución clara de competencias entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Esta estructura de competencias busca asegurar prioritariamente el consumo personal y doméstico del agua. Asimismo, este pilar incluye el impulso a la profesionalización de los organismos operadores de agua en el país.
El segundo propósito fundamental es recuperar la rectoría del Estado en la gestión integral del agua. El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad hídrica tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
El tercer pilar de la iniciativa consiste en ordenar el régimen de concesiones hídricas. La autoridad federal busca asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos disponibles, brindar certeza jurídica a los usuarios y evitar el acaparamiento del recurso.
Este ordenamiento también tiene como fin sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción detectados en el manejo del agua.
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Fin al mercado de concesiones
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) contiene propuestas específicas para modificar el sistema de asignación y manejo de títulos.
El Ejecutivo federal propone que el agua deje de ser considerada legalmente como una mercancía.
Para materializar este concepto, la reforma plantea eliminar la figura de la transmisión de derechos (cesión de títulos) entre particulares.
Además, se prohibirá el cambio de uso de agua concesionada si no se cuenta con la autorización explícita de la Conagua.
El gobierno sostiene que esta reforma promueve una gestión eficaz y sustentable de los recursos hídricos, fomentando la responsabilidad compartida entre las autoridades y los propios concesionarios.
La iniciativa también impulsa el reúso del agua tratada, bajo principios de sustentabilidad, sostenibilidad y protección ambiental.
Conagua emitió una serie de aclaraciones específicas, señalando que la iniciativa respeta plenamente los derechos adquiridos por el sector agrícola.
El documento subraya que los Distritos y Unidades de Riego mantendrán su autonomía en la administración de las aguas que ya tienen concesionadas, operando conforme a sus propios reglamentos internos.
Ante las críticas o dudas generadas, el Gobierno de México aclaró puntualmente que la Conagua no desaparece con esta reforma; por el contrario, se fortalece su papel institucional y técnico como autoridad hídrica.
En cuanto a los concesionarios actuales, se informó que todos los usuarios que poseen un título vigente conservarán los derechos que les fueron concesionados, argumentando que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.
Sobre las prórrogas de los títulos de concesión, se conserva la regla de que estas se otorgarán hasta por el mismo tiempo y bajo las mismas características del título original.
La autoridad federal negó que la ley promueva la especulación o la expropiación de títulos de concesión. Afirmó que, en contraparte, se busca consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales y dar certeza jurídica a los usuarios.
Derechos del campo y nuevas sanciones
Reiterando el mensaje al sector agrícola, la Conagua informó que no se vulneran los derechos del campo.
En su lugar, se impulsará la tecnificación del riego como medida de eficiencia y se mantendrá el acceso a programas de apoyo, como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), referente a las tarifas eléctricas para uso agrícola.
Finalmente, la iniciativa sí contempla un endurecimiento de las sanciones. Se elevan las penalizaciones administrativas por el mal uso y manejo del agua.
Además, se tipifican (definen formalmente en la ley) los “delitos hídricos”. No obstante, la autoridad aclaró que esto se realiza sin criminalizar a los usuarios regulares.
El objetivo de estas nuevas tipificaciones es establecer medidas para prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua, especialmente aquellas actividades que lucran con la necesidad del recurso o que dan lugar a actos de corrupción.
