Exigen comunidades de Veracruz indemnización y restauración ecológica tras derrame
- Población afectada: Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Soteapan, incluyendo pescadores tradicionales, laguneros y vendedoras de mariscos.
- Origen del desastre: Un derrame de crudo ocurrido el 2 de marzo de marzo a causa de la fuga en tuberías de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la zona de Campeche.
- Exclusión oficial: Las autoridades niegan indemnizaciones a los pescadores tradicionales por carecer de permisos de CONAPESCA, ignorando sus derechos constitucionales de autonomía.
Comunidades indígenas nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Soteapan, en el sur del estado de Veracruz, denunciaron formalmente la falta de indemnizaciones justas y la ausencia de un plan de restauración ecológica integral a tres meses del derrame de petróleo ocurrido el pasado 2 de marzo en el Golfo de México, debido a que las autoridades federales y estatales han condicionado los apoyos económicos a lineamientos administrativos que ignoran sus derechos como pueblos originarios.
Los afectados detallaron que la contaminación mantiene paralizada la economía local de pescadores tradicionales, laguneros y comercializadoras de mariscos, quienes carecen de certidumbre sobre la seguridad sanitaria de los ecosistemas costeros y demandan la intervención de organismos académicos independientes para evaluar el impacto ambiental en la región.
El conflicto escaló tras la difusión de un comunicado de prensa emitido el 5 de junio de 2026 en la Sierra de Santa Marta, donde los representantes comunitarios señalaron que Petróleos Mexicanos (PEMEX) inicialmente negó su responsabilidad en el incidente, atribución que posteriormente debió reconocer ante las evidencias de fugas en tuberías ubicadas en la zona de Campeche. Asimismo, manifestaron que el subsidio federal de BIENPESCA fue presentado de manera errónea como una compensación por el siniestro, y que el apoyo posterior de 4,000 pesos otorgado por el gobierno estatal resultó insuficiente y excluyente, al dirigirse únicamente al padrón de pescadores registrados en cooperativas.
La respuesta de PEMEX ante una carta entregada en el Palacio Nacional el 8 de mayo estipula que, por no contar con permisos oficiales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), los pescadores independientes no son sujetos de indemnización.
Ante esto, las comunidades argumentan que la pesca y el intercambio de mariscos son actividades ancestrales amparadas bajo el derecho a la autonomía y la libre determinación estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en materia indígena, por lo que este condicionamiento representa una violación a sus garantías colectivas.
TE PUEDE INTERESAR: Conmemora Conanp el Día Mundial de los Océanos mediante festival en CDMX
En el ámbito ambiental, los habitantes denunciaron que las acciones gubernamentales se limitaron a una limpieza superficial de las playas durante el periodo de Semana Santa, mientras que el hidrocarburo continúa recalando en la costa con la entrada de los frentes fríos. Señalan que las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) carecen de transparencia al no publicarse los resultados de los recorridos, y advierten sobre la falta de monitoreo oficial en la calidad del agua, sedimentos, sistemas arrecifales y especies de consumo humano.
Frente a la parálisis productiva y los riesgos sanitarios directos por el contacto con el chapopote, la población civil del sur de Veracruz inició una campaña nacional de recolección de firmas para presionar al Estado Mexicano hacia el reconocimiento formal de su actividad económica tradicional y el pago de las reparaciones correspondientes. Además, exigen el diseño participativo de un plan de remediación integral de los sistemas lagunares, costeros y arrecifales dañados por el hidrocarburo.
Finalmente, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente y de la movilización nacional contra la fracturación hidráulica, las comunidades nahuas, nuntajiiyi’ y mestizas ratificaron su rechazo absoluto a la reactivación de proyectos de explotación petrolera, tanto convencionales como mediante fracking, en sus territorios terrestres y marítimos.
Los comités comunitarios recordaron que este posicionamiento está respaldado por más de 80 actas de asamblea comunidaria y actas de cabildo municipal promovidas desde administraciones federales anteriores, y abogaron por la transición hacia esquemas de generación de energía comunitaria y autónoma basados en recursos renovables como el agua, el sol y el viento.
