Impulsa Semarnat política de biocombustibles mediante modelo de economía circular
- Aprovechamiento energético: México genera 139 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diarios; el 50% es materia orgánica subutilizada.
- Marco Jurídico: La Ley de Biocombustibles de 2025 y la Ley General de Economía Circular actúan como los ejes rectores de la nueva estrategia.
- Inversión Estratégica: Se proyecta la creación de Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIS) para fomentar la infraestructura.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) coordina desde esta semana el desarrollo de talleres participativos en la Ciudad de México para consolidar la política nacional de biocombustibles, con el objetivo de integrar el aprovechamiento de residuos orgánicos y el tratamiento de aguas residuales en la matriz energética del país, cumpliendo así con los mandatos de la Ley de Biocombustibles y la Ley General de Economía Circular.
Esta iniciativa surge bajo un esquema de colaboración técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa Climática de México (ICM). El programa busca establecer mecanismos claros para la valorización de subproductos agrícolas e industriales, transformándolos en recursos energéticos renovables que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles y mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Ley de Biocombustibles, en vigor desde marzo de 2025, establece los principios de diversificación energética y sustentabilidad productiva. Este marco legal promueve que los residuos orgánicos no sean considerados desechos, sino insumos de alto valor para la ciencia y la innovación tecnológica, fortaleciendo la soberanía energética mediante la explotación de biomasa local.
El Reglamento de dicha ley define el fortalecimiento de las cadenas de valor. Este abarca desde la producción y el almacenamiento hasta la importación y comercialización de biocombustibles. Estas etapas son consideradas sectores estratégicos para implementar un sistema de economía circular que optimice el ciclo de vida de los productos y minimice el impacto ambiental en los ecosistemas nacionales.
Germán Ruiz Méndez, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, destacó que la alineación entre las políticas de residuos y economía circular es fundamental. En representación de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, precisó que la normativa permitirá potenciar el sector energético mediante la eficiencia en el manejo de materiales biológicos.
Un elemento central de esta estrategia es la implementación gradual del modelo de Responsabilidad Extendida del Productor. Según las autoridades, este esquema funcionará como un catalizador para que las empresas se involucren en la recuperación de sus residuos, facilitando la adopción de tecnologías avanzadas para la generación de biogás y otros energéticos derivados de procesos biológicos.
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La política industrial actual, enmarcada en el denominado Plan México, visualiza la transición energética como una herramienta de prosperidad compartida. Bajo esta visión, la economía circular se posiciona como un eje de inversión a través de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIS), diseñados para concentrar infraestructura de tratamiento y producción energética.
El potencial de este sector en el territorio mexicano es considerable. Datos preliminares del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos indican que en el país se generan aproximadamente 139 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. De este total, casi la mitad corresponde a residuos orgánicos, los cuales presentan actualmente un nivel de aprovechamiento energético reducido.
La metodología de los talleres, implementada por expertos internacionales como Benly Ramírez Higareda, Nelly Mejía Rodríguez y Mauricio García Herrera, asegura una visión técnica global adaptada al contexto mexicano. Las sesiones cuentan con la participación de dependencias clave como la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Además de las instituciones públicas, se ha integrado al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y a Banobras para evaluar la viabilidad financiera y climática de los proyectos. La inclusión de empresas privadas y especialistas académicos busca garantizar que la política nacional sea operativa y responda a las realidades del mercado energético actual.
La próxima etapa de este proceso consistirá en la realización de talleres virtuales de alcance nacional. Estos encuentros permitirán que representantes de todas las entidades federativas aporten datos regionales sobre la generación de biomasa y necesidades de tratamiento de aguas, consolidando así un programa de biocombustibles con una base participativa y técnica sólida.
En conclusión, la construcción de esta política nacional representa un avance en la gestión de residuos y la sostenibilidad en México. Al vincular la Ley de Biocombustibles con la Economía Circular, el gobierno federal busca transformar un problema de gestión urbana —la acumulación de residuos— en una solución energética que promueva el desarrollo tecnológico y la protección del medio ambiente.
