Establece Gobierno de México ruta para atender demandas en la Laguna-Bahía de Ohuira
- Autoridades federales, estatales y municipales instalan mesas de diálogo permanente con comunidades indígenas y pescadores de la región de Topolobampo, Sinaloa.
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará una inspección técnica actualizada para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en la zona.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte que ninguna autorización ambiental funciona como un cheque en blanco para las empresas.
Representantes de dependencias del Gobierno de México, autoridades del estado de Sinaloa y miembros de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones sociales establecieron una ruta de trabajo interinstitucional en la región de Topolobampo, con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a las demandas sobre la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira. El encuentro formalizado este fin de semana integró la participación de múltiples secretarías de Estado para estructurar cuatro acuerdos específicos que guiarán la atención integral de la zona costera.
Acuerdos institucionales y fiscalización ambiental
Las instituciones públicas participantes determinaron la continuación inmediata de las mesas de diálogo técnico. Este espacio funcionará para revisar la información, los estudios científicos, las observaciones y las propuestas formuladas por los especialistas y los habitantes de las localidades costeras.
Como segundo punto prioritario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutará una inspección actualizada en la zona. La diligencia ministerial verificará el estado de las obras y las actividades de desarrollo vigentes, garantizando el cumplimiento estricto de las leyes y normatividades ambientales correspondientes.
El plan de acción gubernamental contempla buscar el contacto directo con la empresa responsable del proyecto regional para abrir un canal de concertación. Asimismo, las autoridades federales y estatales manifestaron el compromiso explícito de respetar el derecho constitucional a la libre manifestación de las comunidades locales.
TE PUEDE INTERESAR: Impulsa GECI gestión circular de residuos y restauración ambiental en Isla Guadalupe
Coordinación y marco jurídico
La atención de las solicitudes presentadas por las comunidades indígenas y pesqueras se fundamentará en el marco legal vigente. Las dependencias señalaron que cualquier resolución técnica o administrativa deberá sustentarse en elementos jurídicos aplicables a los ecosistemas litorales.
Durante el desahogo de la agenda de trabajo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enfatizó que las autorizaciones de impacto ambiental conllevan una obligación de verificación permanente. La autoridad federal mantiene la facultad de actuar ante cualquier tipo de incumplimiento de las condicionantes impuestas en los resolutivos.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la problemática hidroambiental de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere un abordaje integral. La institución asumió tareas de gestión técnica directa en conjunto con la población para atender las preocupaciones sobre el recurso hídrico y el saneamiento.
Desarrollo regional y consulta social
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) subrayó la importancia de la construcción de soluciones conjuntas mediante la escucha activa de los pueblos originarios. Los procesos de consulta y participación social forman parte de las demandas centrales de los habitantes de la región.
A su vez, la Secretaría de Economía participará en el diseño de estrategias para generar opciones de desarrollo económico local. Estas medidas buscarán alinearse con las vocaciones productivas naturales y las condiciones socioambientales de la región de Topolobampo.
El encuentro contó con la intervención coordinada de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Las entidades coincidieron en que la conservación de los ecosistemas y el bienestar comunitario demandan coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.
