Aprueban Estados Parte acuerdos de justicia ambiental en la COP4 de Escazú
- Implementación regional: Se ratificaron 10 decisiones clave para transitar de los compromisos diplomáticos a la acción territorial en 19 países.
- Liderazgo de México: La delegación mexicana propuso integrar la perspectiva de género y compartir metodologías de reparación de daño ambiental.
- Participación civil: El 50% de la comitiva nacional estuvo integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.
- Nueva Mesa Directiva: San Cristóbal y Nieves asume la presidencia del Acuerdo por un periodo de dos años.
Los 19 Estados Parte de América Latina y el Caribe aprobaron por consenso 10 decisiones estratégicas para fortalecer la justicia ambiental y la protección de defensores de derechos humanos durante la clausura de la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú. El encuentro, coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de secretaría, buscó consolidar el tratado como el eje de transparencia y participación pública ante la crisis climática actual, estableciendo mecanismos operativos que garantizan el acceso a la información y la reparación de daños en ecosistemas vulnerables.
Consolidación de la política de Estado en México
La delegación de México, encabezada por la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó los avances del plan de implementación nacional. Esta estrategia interinstitucional articula acciones de corto, mediano y largo plazo diseñadas para elevar los derechos de acceso ambiental a rango de política de Estado. Se informó que el plan será sometido a un proceso de consulta pública, con el objetivo de que su diseño e implementación cuenten con el respaldo y la visión de los actores territoriales.
México reconoció formalmente la labor del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC). Durante las sesiones de trabajo, se enfatizó la necesidad de robustecer el marco normativo de este órgano subsidiario para otorgar mayor certeza jurídica a sus resoluciones, factor considerado fundamental para el tránsito efectivo de los compromisos internacionales hacia la realidad administrativa y judicial de cada nación.
Creación de grupos técnicos especializados
Uno de los resultados operativos más relevantes de la COP4 fue la conformación de dos grupos de trabajo ad hoc. El primero se enfocará en los Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), mientras que el segundo abordará directamente el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ambos grupos tienen la encomienda técnica de registrar, sistematizar y reportar las mejores prácticas disponibles para ser replicadas en la región.
El gobierno mexicano manifestó su intención de participar activamente en ambas células de trabajo, poniendo a disposición su experiencia técnica en el manejo de RETC. Asimismo, destacó las medidas desarrolladas recientemente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para la determinación técnica y la reparación efectiva del daño ambiental, un modelo que busca servir como referente regional para el cumplimiento de la ley.
Perspectiva de género y gobernanza inclusiva
La conferencia marcó un hito en la inclusión social al integrar la perspectiva de género como un eje transversal. El compromiso de las Partes se centró en garantizar que el acceso a la información y la participación pública no se vean limitados por brechas de vulnerabilidad. México apoyó firmemente esta postura, subrayando que la equidad es esencial para reducir las disparidades en la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos humanos.
En términos de gobernanza, la COP4 definió la nueva estructura de la Mesa Directiva que operará durante los próximos dos años. San Cristóbal y Nieves asumió la Presidencia, mientras que las Vicepresidencias quedaron integradas por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. En este contexto institucional, Panamá se postuló y fue aceptado como sede para la Quinta Conferencia de las Partes (COP5), programada para abril de 2028.
Composición multiactor de la comitiva nacional
La delegación mexicana se distinguió por su estructura paritaria y multiactor. De los ocho delegados que asistieron, el 50% pertenecía a estructuras gubernamentales y el 50% a la sociedad civil. Junto a Mariana Boy Tamborrell, participaron funcionarios de la Semarnat, la SRE y la propia Profepa, como el subprocurador de prevención ambiental, Alberto Rojas Rueda.
Por parte de la sociedad civil, la comitiva contó con especialistas de instituciones como Reforestamos México, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y colectivos juveniles como Escazú Ahora México. Esta integración busca reflejar el espíritu del Acuerdo de Escazú, que exige una democracia ambiental donde la toma de decisiones no sea exclusiva del sector público, sino un proceso colaborativo con expertos y ciudadanos.
