Exigen organizaciones civiles priorizar crisis ambiental y de derechos humanos sobre el Mundial
- Activistas despliegan una manta de 21 metros en la Estela de Luz con el mensaje: “Esto también está en juego”.
- Más de cien colectivos de México y Estados Unidos demandan abrir canales de diálogo con la presidenta.
- Cuestionan el gasto de 2 mil millones de pesos en infraestructura deportiva y movilidad frente a las desapariciones y la devastación ecológica.
Más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos exigieron formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, atender de manera prioritaria las agudas problemáticas sociales, de seguridad y ambientales que padece el territorio nacional, en lugar de focalizar los esfuerzos gubernamentales de forma exclusiva en la organización de la Copa del Mundo de fútbol.
La movilización, realizada en la Ciudad de México a dos días de la inauguración del torneo deportivo, incluyó el despliegue de una manta de 21 metros de largo a 60 metros de altura en la Estela de Luz, donde se denunció que flagelos como la migración forzada, las desapariciones, la violencia y la injusticia ambiental permanecen relegados por los intereses comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El objetivo central de la acción colectiva es abrir un canal de diálogo directo con la titular del Ejecutivo para reorientar las políticas públicas hacia las urgencias humanitarias y la protección de los ecosistemas.
Recursos millonarios bajo la lupa civil
Los colectivos convocantes, entre los que destacan Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, manifestaron su rechazo a la asignación de recursos públicos para el torneo de fútbol.
De acuerdo con los datos presentados por las organizaciones, el Gobierno de México anunció inversiones de hasta 2 mil millones de pesos destinados a infraestructura de movilidad en las tres ciudades sede. A esto se suma el despliegue de 100,000 agentes de seguridad pública e inversiones adicionales por parte de las administraciones estatales para asegurar el desarrollo del evento deportivo. Los activistas señalaron que estos montos contrastan con la falta de presupuesto e insumos para resolver las demandas de la sociedad civil.
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Desapariciones y crisis migratoria en la agenda
La agenda presentada por los activistas subraya la urgencia de atender la crisis de desaparición forzada en el país, que actualmente registra una cifra superior a las 133,000 personas desaparecidas. Exigieron que se garantice de manera plena el derecho de las familias a la búsqueda y se implementen mecanismos de protección integral para las mujeres buscadoras, quienes realizan sus labores en condiciones de vulnerabilidad y riesgo constante.
En materia migratoria, los colectivos solicitaron el cese de las redadas ejecutadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en México y la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Asimismo, demandaron políticas de protección e inclusión para las más de 190,000 personas mexicanas deportadas y cerca de 13,000 ciudadanos de otras nacionalidades devueltos a territorio mexicano durante el periodo de 2025 a marzo de 2026, con proyecciones que alcanzan hasta los 20,000 individuos.
Consecuencias ambientales y el impacto del T-MEC
Durante una conferencia de prensa conjunta, los representantes de las organizaciones advirtieron que la renegociación del T-MEC no debe enfocarse en el beneficio de corporaciones, sino en la protección de los derechos humanos, los trabajadores, la agricultura y la naturaleza. En ese sentido, denunciaron los efectos del racismo, la discriminación y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes, citando como ejemplo el desplazamiento de más de 2,000 personas en Chilapa, Guerrero.
El sector ambientalista enfatizó la necesidad de una política de Estado que detenga las inversiones en proyectos extractivistas dentro de ecosistemas marinos y terrestres. Según los pronunciamientos, el modelo de desarrollo actual genera afectaciones directas en la selva maya y en los océanos del país.
Finalmente, se expuso la urgencia de garantizar la seguridad de los defensores de la tierra. Se informó que durante el año 2025 se documentó el asesinato de 10 activistas ambientales y se contabilizaron 314 agresiones directas, que incluyen actos de difamación, intimidación y amenazas. Las organizaciones concluyeron que mantendrán las acciones de vigilancia y protesta en México, Estados Unidos y Canadá a lo largo de la justa mundialista.
