Analizan autoridades desafíos para la gestión de residuos
- Genera México 140,000 toneladas de residuos diarios; el 76% tiene potencial de aprovechamiento.
- Buscan homologar leyes estatales con la Ley General de Economía Circular.
- Reportan que 32,000 toneladas de basura terminan en ecosistemas naturales por falta de infraestructura.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguraron la Reunión Ordinaria de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) con el fin de armonizar los marcos regulatorios locales con la Ley General de Economía Circular. El encuentro, celebrado en este centro turístico, busca establecer una agenda común que permita transformar la gestión de residuos sólidos en el país y reducir el impacto ambiental derivado de los procesos actuales de producción y consumo.
La reunión convoca a los titulares ambientales de las 32 entidades federativas para abordar siete ejes prioritarios: gobernanza ambiental, economía circular, gestión del agua, acción climática, conservación y restauración, problemática minera y transición energética. Esta coordinación técnica entre los tres órdenes de gobierno pretende solventar las deficiencias en infraestructura que impiden un manejo eficiente de los materiales desechados.
Durante la sesión de apertura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expuso la situación actual de los residuos sólidos urbanos en el territorio nacional. Según las cifras oficiales presentadas, en México se generan aproximadamente 140,000 toneladas de basura cada día. De este volumen, se estima que el 76% corresponde a materiales potencialmente aprovechables que podrían reintegrarse a las cadenas de valor, evitando la extracción de nuevas materias primas.
No obstante, la autoridad federal advirtió que, aunque se recolectan 108,000 toneladas diarias, existe un remanente de 32,000 toneladas —equivalente al 23% del total— que no ingresa a sistemas de gestión controlados. Estos desechos terminan depositados en ríos, barrancas, océanos y mares, lo que genera una presión directa sobre los ecosistemas costeros y terrestres, afectando la biodiversidad y la salud pública.
La transición hacia la economía circular se presenta como una estrategia para modificar la forma en que se produce, consume y desecha en el país. En este sentido, la Semarnat destacó el avance en el proyecto de los “Polos de Economía Circular”. Estos centros están diseñados para convertir los residuos en insumos productivos, fomentando un modelo donde la basura sea reutilizada sistemáticamente bajo la visión de una “República Basura Cero”.
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La infraestructura actual representa uno de los mayores desafíos para el cumplimiento de estas metas. Se identificó que 150 municipios en el país carecen de servicios básicos de recolección de residuos. Asimismo, la mayoría de los 2,250 sitios de disposición final registrados no cumplen con los estándares ambientales vigentes, lo que subraya la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para el diseño de instrumentos regulatorios y el desarrollo de infraestructura ambiental técnica.
El diálogo entre los integrantes de la ANAAE incluyó mesas técnicas para la homologación de los marcos regulatorios estatales. Este proceso es fundamental para que el Reglamento de la Ley General de Economía Circular tenga una aplicación efectiva en todo el país, permitiendo que las empresas y la administración pública operen bajo criterios unificados de sostenibilidad y responsabilidad extendida del productor.
En el evento participaron figuras clave del sector ambiental, como los secretarios de medio ambiente de Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Baja California Sur. Por parte de la federación, asistieron los subsecretarios de Desarrollo Sostenible, Biodiversidad y Regulación Ambiental, así como el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La ANAAE, que integra a 52 titulares de secretarías, procuradurías y comisiones ambientales de las 32 entidades, reafirmó mediante este encuentro el compromiso de trabajar en una red compleja de actores públicos y privados. El objetivo final es consolidar un marco jurídico eficaz que garantice el derecho humano a un medio ambiente sano mediante la implementación de modelos de producción sostenibles.
